La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reabrirá la investigación del caso Digna Ochoa y Plácido, luego de que el viernes pasado fue notificada sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las indagatorias por la muerte de la activista en octubre del 2001.
México, que como Estado soberano es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, suscribió y ratificó su adhesión a diversos instrumentos internacionales y aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte.
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En consecuencia y en cumplimiento de la resolución de la Corte Interamericana, la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, instruyó a la reapertura de la investigación de la muerte de Digna Ochoa.
En un comunicado, la fiscalía afirmó que la indagatoria se realizará adoptando las mejores prácticas nacionales e internacionales; poniendo al centro a las víctimas; y, con objetividad, imparcialidad y rigor científico.
Detalló que ya se realizó un encuentro con la familia Ochoa y Plácido, así como con sus representantes y servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas y de la propia fiscalía.
En este diálogo se refrendó la convicción por parte de las instituciones de dar cumplimiento debido y oportuno, en los términos señalados en cada resolutivo de la sentencia.
En el encuentro se acordó orientarse al cumplimiento puntual de los diversos componentes de reparación a favor de las víctimas indirectas, para dar respetuosa remembranza y reconocimiento a la labor de la defensora derechos humanos Digna Ochoa y Plácido.
Para el caso concreto de la reapertura de la investigación, se acordó una reunión de trabajo con la familia y sus representantes para avanzar en el diseño de un plan de investigación.
Lo anterior, de conformidad al compromiso para que la indagatoria garantice la participación activa de la familia y sus representantes.
La Fiscalía de la Ciudad de México agregó que esto conlleva a una conducción estratégica de las acciones de investigación que permitan a la familia, a las personas defensoras de derechos humanos y a la comunidad, identificar el compromiso de las autoridades por el esclarecimiento de los hechos.
La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano es responsable de graves errores en la investigación de la muerte de la activista Digna Ochoa hace dos décadas, por lo que debe continuar con las indagatorias.
Ochoa, quien recibió amenazas de muerte antes de aparecer sin vida con heridas por disparos de bala en su cuerpo en su despacho ubicado en la colonia Roma, fue una abogada que defendió, entre otros casos, denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad civiles y militares.
Tras el deceso de la activista el 19 de octubre del 2001, las investigaciones apuntaron en principio a que fue un asesinato, pero después fiscales dirigieron la indagatoria a un posible suicidio, por lo que el caso se dio por cerrado.
FLC