A punto de cumplir siete años del multihomicidio de cinco personas en un departamento la Colonia Narvarte, entre ellos entre ellos el fotoperiodista Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México heredó “las mismas malas prácticas” de la entonces procuraduría capitalina, que generan impunidad para llegar con los responsables y esclarecer el hecho, acusaron abogados.
En conferencia de prensa, el abogado Edgardo Calderón aseguró que la actuación de la fiscalía ha omitido la investigación de la existencia de un vehículo Serdan que presuntamente participó en los hechos, así como el flujo de comunicaciones entre dos números desconocidos, mediante la cual se podría establecer la jerarquía de los autores del crimen; además de no investigar una línea telefónica clave para identificar a los responsables.
En un video difundido a medios de comunicación, los defensores aseguran que en 22 tomos de investigación hay elementos probatorios “que se han perdido o están en riesgo de perderse”, por falta de atención por parte de las autoridades capitalinas. Por ejemplo, “el flujo de llamadas que determinaba la existencia de comunicaciones para la coordinación del hecho, y del operativo que dio como resultado el crimen”, resaltó el coordinador de defensa.
Respecto al auto que estuvo en los videos presentados por la fiscalía, Calderón indicó que tampoco se prestó atención y “por no investigar este segundo vehículo, tampoco investigó a otros participantes del evento”, lo que probablemente demuestra la participación de cinco autores materiales y no tres, como ha sostenido la autoridad capitalina.
Esto implica que exista una “indagatoria sesgada, viciada, y manipulada por la procuraduría”, pues “se poseen los datos identificadores de uno de los números telefónicos que también está implicado y geográficamente estaba cerca del lugar de los hechos, y esta persona que está plenamente identificada, nunca ha sido llamada a declarar”.
“Todo esto ocasionó que se dejaran de investigar ciertos datos y que se juntaran datos importantes que al parecer no convenía integrar a la averiguación previa. Podría afirmar de manera dolosa se ocultó información y se omitieron diligencias a efecto de encubrir a algún particular o grupo que claramente tendrían una jerarquía o que tendrían injerencia con los intereses comunes con la entonces procuraduría”, determinó.
Por ello, aseguraron que la fiscalía ignoró la recomendación 4/2017 que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para presentar “un plan integral de investigación que permita agotar todas las líneas de investigación relacionadas con el caso y se aperturen investigaciones relativas a responsabilidades administrativas y/o penales de personas servidoras públicas por la filtración de información”.
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Además “pretenden avanzar en líneas de investigación basándose en una indagatoria sesgada, viciada, y manipulada por la procuraduría, indagatoria que la procuraduría heredó a la fiscalía y la fiscalía aceptó tal como venia, sin cuestionarla”.
“Pasaron casi siete años de que esta información se había generado, en los cuales la procuraduría tenía en sus manos todos los datos para hacer una debida investigación. Sin embargo, no hicieron un análisis constante, los datos ahí han estado, no son datos nuevos, todo lo anterior indica dos cosas, la fiscalía heredó la falta de debida diligencia de la procuraduría y que al particular o el grupo que encubría la procuraduría se sigue encubriendo por parte de la fiscalía”, aseguró Calderón.
LP