Por caso Sistecozome, cuestionan papel de Teresa Brito

Solicitarán conductores despedidos una investigación a nueva legislatura.

El proceso de extinción de Sistecozome fue aprobado por los diputados de la legislatura LXI.
Maricarmen Rello
Guadalajara /

Por la extinción irregular de la paraestatal Sistecozome, la Federación General de Trabajadores del Estado y los Municipios de Jalisco (FGTEM), cuestionó el papel de la contralora del estado, Teresa Brito, quien ha sido invitada a repetir en el cargo por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. 

El dirigente del organismo sindical, Cuauhtémoc Peña Cortés, denunció que jamás se transparentaron los motivos de la extinción de esta paraestatal. “Teresa Brito jamás entregó la auditoría a los diputados y después ‘se alzó de hombros diciendo ya para qué la entrego si ya votaron su extinción’, es decir: el sustento para extinguir Sistecozome nunca lo tuvieron los diputados; nunca se leyeron públicamente los razonamientos”. 

Por lo pronto, hay 250 trabajadores en litigio por despido injustificado, pues aun los que firmaron una renuncia están demandando que la nulidad del contrato de relación laboral se hizo sin tener abogados y obligados a renunciar a derechos que la misma ley establece que son irrenunciables. Adicionalmente se solicitará a la legislatura entrante que retome el caso. 

“Le solicitaremos a los nuevos diputados que hagan una investigación, que se analice si se puede salvar la empresa, porque nosotros sostenemos que sí es viable”, dijo el dirigente quien cuestiona que las rutas públicas que operaba el Sistecozome fueron entregados también sin transparencia. “¿A quiénes? No lo sabemos. Para nosotros desaparecer Sistecozome tenía como finalidad quedarse con las rutas públicas y entregarlas a prestanombres”, denunció. 

Peña Cortés recordó que el proceso de extinción de Sistecozome fue aprobado por los diputados de la legislatura LXI, que culmina este miércoles, en una sesión del Congreso celebrada por la madrugada, sin que el dictamen estuviera inscrito en la orden del día. 

Por lo anterior, también se sopesa presentar denuncia contra la interventora, de apellido Benavides, “porque su nombramiento es muy claro: liquidadora, aproximadamente 600 trabajadores no fueron liquidados, puras ‘renuncias voluntarias’ que entrañan sacrificar a los trabajadores con 40 por ciento de sus derechos”, apuntó.

GPE

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