La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM), Laura González Hernández, señaló que debe reformarse la ley para terminar con la “herencia” de deudas en los municipios. Pidió a la nueva Legislatura Local establecer un nuevo mecanismo de control o “candado” para evitar que la iniciativa privada siga financiando proyectos municipales
"La iniciativa privada no puede seguir siendo financiadora de gobiernos irresponsables que consideran que, por mala administración, pueden dejar la deuda a proveedores de insumos y servicios a las siguientes administraciones. Algo deberá hacerse para que no se vaya un alcalde sin liquidar sus adeudos o dejarlos 100 por ciento comprometidos para los primeros meses de las siguientes administraciones".
En su reunión con el Coordinador Parlamentario del PAN en el Congreso Local, Enrique Vargas del Villar, señaló que los nuevos gobiernos tampoco tienen la culpa de los compromisos excesivos de sus antecesores y malas administraciones. "Ya se volvió una tradición pésima, mala e irresponsable".
Aseguró que estarán muy atentos a las denuncias que surjan por malos manejos; sin embargo, el Consejo ya solicitó información de los 20 municipios más endeudados de la entidad a través de transparencia. "Estamos procesando los resultados para brindar un informe puntual y público".
Darán seguimiento a agenda legislativa
Durante la reunión con integrantes de la Comisión de Enlace Legislativo del CCEM, González Hernández recordó que han construido una agenda que permita recuperar la competitividad y crecimiento económico de la entidad, el cual ha caído lo mismo que la inversión extranjera directa. Su mayor interés, enfatizó, están en la mejora regulatoria e infraestructura para las zonas industriales y la seguridad.
"El año pasado se sentaron las bases para la eliminación del Dictamen Único de Factibilidad (DUF) y la creación del Dictamen de Giro, toda vez que en su momento había 4 mil trámites pendientes, algunas empresas decidieron no invertir o bien abrir de manera irregular, lo cual impacta en la formalidad y el PIB”.
La entidad, dijo, recauda 13 mil millones de pesos al año por Impuesto Sobre Nómina (ISN), el cual solo pagan algunas empresas y podrían servir para tener más incentivos. Además de destinar una parte del presupuesto para la rehabilitación integral de las zonas industriales donde las condiciones son deplorables.
También indicó que es urgente una Unidad de Atracción de Inversiones en la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), la cual necesita más fortaleza, y reiteró su interés de que el sector agropecuario sea considerado como actividad económica, lo mismo que en la creación del capítulo económico para la nueva Constitución del Estado de México.
Otros temas de interés para la IP
El presidente del Congreso del Trabajo, Raúl Domínguez Rex, pidió que la Ley de Desarrollo Urbano sea incluyente, resiliente e integral para evitar fracasos como las ciudades Bicentenario en Ixtapaluca, Tecámac, Zumpango y Huehuetoca, los cuales están alejados de las empresas, presentan problemas de transporte y seguridad.
David Álvarez Tapia, presidente del Movimiento de Empresarios y Ciudadanos por México, propuso rediseñar el modelo de la seguridad pública y un mejor funcionamiento de los gobiernos municipales. Mientras que Vicente Barranco, líder de la Cámara Arenera, exhortó al Poder Legislativo que autorice más recursos en infraestructura.
Además, Patricio González Suárez, presidente de Asbar, solicitó que se tome en cuenta la modificación a la ley que penaliza la venta de alcohol a menores de edad, porque puede provocar abusos y confusiones contra los dueños de los establecimientos. Mario Vallejo, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, exhortó a la creación de la Ley de Obra Pública, ya que hoy se rigen por el Reglamento del Libro Décimo Segundo, "la idea es que regule todo lo relacionado con la obra pública y se tomen en cuenta las características de la región y no de la Ciudad de México".
Jorge Luis Pedraza Navarrete, presidente de la Canaco, urgió más apoyos a la mipyme, créditos y capacitación, ya que la pandemia "mató" a 2 de cada 10 comercios; así como se regulen las compras de gobierno y haya una visión metropolitana del Valle de Toluca. Iveth Canales, presidenta de Ammje zona oriente, exigió mayor certeza en las licencias de funcionamiento y la obligatorio del SARE en los municipios, lo mismo que la actualización de las concesiones de los pozos de agua.
Por último, Jesús Henkel, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, instó modificaciones a la reglamentación para el desarrollo de vivienda vertical en las zonas donde ya existen todos los servicios y la eliminación de los trámites administrativos para agilizar la autorización de proyectos.
MMCF