La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, indicó que, al 4 de noviembre de 2022, se registraron 25 mil 809 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, de las cuales 7 mil 111 se encuentran sin sentencia, es decir, 27.5 por ciento de ellas están en posibilidad de ejercer su derecho al voto.
De acuerdo con lo establecido por la sentencia SUP-JDC-352 y 353, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Ramírez Hernández consideró que promover, garantizar y respetar el derecho al voto permitirá avanzar en la deconstrucción de estigmas alrededor de las personas privadas de la libertad.
Y, a su vez, garantizar otros derechos humanos como el de la reinserción social, dijo en el Foro de Derechos Políticos Electorales y de Participación de las Personas en Prisión Preventiva en Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.
El subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Omar Reyes Colmenares, expuso que ya se realizan trabajos previos al respecto junto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en los Reclusorios Preventivos Varonil Oriente, Norte y Sur, así como en los femeninos de Santa Martha Acatitla y Tepepan. Espera, dijo, extender dichas labores a todos los centros penitenciarios de la capital.
De hecho, la directora de Documenta A.C., María Sirvent indicó que el propósito fue brindar insumos para garantizar la participación de este grupo de población en las próximas elecciones de 2024. “Es fundamental que las autoridades de la Ciudad de México ya se estén preparando”, señaló.
La magistrada del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX), Martha Alejandra Chávez Camarena, aseveró que las instituciones y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) deben de llevar a cabo acciones y compromisos que sirvan para garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales y de participación de las personas en prisión preventiva.
La presidenta del Consejo General del IECM, Patricia Avendaño Durán, señaló que las instituciones deben asumir su responsabilidad para “operativizar lo estipulado en la sentencia que establece la garantía de este derecho”.
El sistema de voto por internet para las personas privadas de su libertad sería el más idóneo para ejercerlo.
El diputado local, Fernando Mercado Guaida, asumió el compromiso para impulsar desde el Congreso capitalino las modificaciones legales para concretar el derecho de las personas privadas de la libertad a ejercer su voto en el próximo proceso electoral.
Por su parte, el secretario Ejecutivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CdMx), Andrés Rodríguez Ramírez, celebró las acciones en favor de la población en prisión preventiva porque coadyuva a otros derechos, como los políticos electorales.
La coordinadora General de CEA Justicia Social, Angela Guerrero Alcántara, consideró que se ha hecho una labor importante por impulsar dicha agenda, ya que estas personas también forman parte de la vida pública y requieren ser incluidas en los procesos democráticos.
ROA