Tras cumplirse tres años de los asesinatos de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, la defensora de derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez y el periodista Rubén Espinosa Becerriln, en la colonia Narvarte; la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) exhortó a las autoridades a dar cumplimiento a cabalidad de la recomendación 04/2017.
La CDHDF el 21 de junio del 2017, en su recomendación señala que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ambos de la Ciudad de México, violaron los derechos humanos en contra de las víctimas y algunos de sus familiares.
Ha pasado un año de esta recomendación, y se han realizado numerosas reuniones y mesas de trabajo con representantes de las víctimas y las autoridades, sin embargo estas últimas no han logrado dar cumplimiento total a la mencionada Recomendación.
Entre los grandes pendientes se encuentra la elaboración de un Plan Integral de Investigación que cuente con los mínimos estándares para identificar, delimitar y agotar las posibles líneas de investigación, así como una metodología adecuada para procesar y analizar la información que se va recabando, ya que a la fecha las diligencias no han servido para confirmar o desacreditar las diversas hipótesis ni las responsabilidades de los presuntos autores intelectuales.
Esa comisión, consideró que para llevar a cabo las diligencias pendientes, es indispensable que la autoridad continúe colaborando con las víctimas y sus representantes, se alleguen de expertos en materia de feminicidios, ataques a defensores y periodistas, así como de ampliar las investigaciones de cara a determinar las diversas líneas de investigación.
Disculpa pública de la PGJ
En relación con las investigaciones penales y administrativas en contra de servidores públicos involucrados con las violaciones a derechos humanos, es preocupante confirmar que aún no hay ninguna persona investigada o sancionada por estos actos. Por el contrario, aquellas investigaciones que se iniciaron, fueron determinadas sin responsabilidad alguna.
Reiteró que es de suma relevancia que la PGJ realice un acto de disculpa pública y una propuesta de indemnización acorde con los estándares internacionales en materia de reparación integral, mediante la cual se reconozcan los daños por cada uno de los derechos vulnerados y que fueron acreditados por la Comisión, así como las pretensiones de las víctimas, la pertenencia a grupos en situación de riesgo y el impacto que la impunidad ha tenido sobre ellas, la cual continúa afectando su integridad física y psicológica.