Un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa determinó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina deberá devolver todos los monopatines eléctricos que decomisó en 2019 a la empresa Movo, debido a que no hay notificación oficial que justifique la acción.
El director global de Asuntos Públicos de Movi, Miguel Abad, aseguró que la dependencia fue notificada de esta orden de suspensión el 16 de enero, sin embargo, las autoridades no se han puesto en contacto con la compañía.
Abad dijo que desconoce cuántos patines fueron retirados por la SSC porque no recibieron notificación alguna sobre los operativos que se llevaron a cabo en las alcaldías de Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.
"El Tribunal Federal consideró que la falta de una orden por escrito entregada a los representantes de la empresa es motivo suficiente para considerar, hasta este momento, que la SSC actuó en contra de la Ley, apuntó.
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Abad refirió que, la ausencia de monopatines en las calles, se debe a la sobreregulación de este tipo de transporte individual, así como al robo de unidades.
"No sólo es el caso de la Ciudad de México, hubo algunos otros gobierno, aunque aquí fue más relevante. Algunos gobierno quisieron sobre regular y tuvieron una falta de diálogo para buscar una solución optima en la que todos estuviéramos satisfechos. Pues lo que provoco es que las empresas fracasarán en la oferta, en algunos casos fue el robo, pero con nosotros fue decomisos", agregó.
Exhortó a las autoridades de movilidad a replantear el tema de qué es la micromovilidad y cómo se puede regular sobretodo, para lo cual es necesario establecer mesas de diálogo.
Resaltó que el 30 de diciembre de 2019 se publicó la Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México, por lo cual las autoridades capitalinas no podrán emitir nueva regulación sobre monopatines eléctricos sin someter su proyecto al proceso de mejora regulatoria.
Además de que ésta prohíbe a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales publicar cualquier regulación que no haya cumplido con dicho proceso y no cuente con un dictamen de análisis de impacto regulatorio emitido por la Agencia Digital de Innovación Pública.
"No estamos en contra de la administración, entre mayor certeza jurídica y condiciones de competencia para usuarios y empresas, es mejor. Las regulaciones son buenas mientras haya una sana comunicación", concluyó.
FLC