El gobierno de la Ciudad de México demolerá siete de 15 pisos construidos ilegalmente en un predio ubicado en Baja California 370, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc. Se trata del primer caso que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) , que encabeza Mariana Boy Tamborrell, logró llevar ante un juez penal y ganarlo.
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“Sin duda, este es un gran logro; no sólo para la PAOT, sino para toda la ciudad, porque se trata de un ejemplo afortunado de justicia restaurativa, pues a pesar de las irregularidades cometidas en materia urbana, ha sido posible revertir el daño causado y, lo más importante, que se respeten los derechos de los habitantes de la Ciudad de México”, afirmó la funcionaria.
Luego de un juicio de más de tres años, la PAOT logró que el Tribunal Superior de Justicia emitiera una sentencia condenatoria contra el apoderado legal y Director Responsable de Obra (DRO) del inmueble.
Con ello, los desarrolladores prefirieron llegar a un acuerdo para demoler siete pisos excedentes, de los 15 que tiene la obra. De acuerdo con el calendario de demolición que entregó la empresa a la PAOT, se indica que el 18 de agosto inician los trabajos.
Los gastos serán pagados en su totalidad por el particular, sin costo alguno para el gobierno de la Ciudad de México o la alcaldía. Desde 2016 se inició la lucha por evitar que la obra siguiera su curso.
En julio de 2017, la Procuraduría presentó la denuncia penal con el Director Responsable de Obra (DRO) y al representante de la persona moral propietaria del inmueble Baja California 370.
En marzo de 2020, el representante del inmueble firmó un convenio en el que se comprometió a desistirse del recurso de revisión de la sentencia que le ordenó demoler los niveles excedentes, y propuso presentar un programa calendarizado del proceso de demolición.
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La procuradora ambiental dijo que con el objetivo de dar seguimiento a las acciones de demolición, constatar su avance y comprobar que éstas se apeguen a lo establecido en el calendario presentado por la inmobiliaria, llevará a cabo reconocimientos de hechos.
“El caso de Baja California 370 puede sentar un precedente, ya que ahora los desarrolladores que cometan irregularidades saben que hay consecuencias jurídicas, y puede darse el delito de responsabilidad de Corresponsable de obra”, enfatizó la procuradora.
irh