Claudia Sheinbaum informó que “de ninguna manera el gobierno de la ciudad pagará los más de 921 millones de pesos que pide Deutsche Bank y Proyectos de Infraestructura Chapultepec de la empresa Invex como indemnización por no llevarse a cabo el Corredor Chapultepec”.
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En conferencia, señaló que la votación que exigió la ciudadanía, que se hizo y que canceló el Corredor Chapultepec, dejó un juicio a la ciudad en donde el banco, en donde está fideicomitida la concesión, asume que al cancelarse el proyecto se cancela la concesión”.
Manifestó que el documento de la concesión que se acordó con la organización “Calidad de vida” está escrito de tal manera “que se atreven a pedirle al gobierno de la ciudad”, 921 millones de pesos.
“Queremos decirle a la ciudadanía que no vamos a pagar ni un centavo, que si a caso, el máximo valor por esto, no asciende a más de 10 pesos, que lo vamos a pelear hasta las últimas consecuencias, que la concesión está cancelada; pero que el gobierna, en la defensa del patrimonio de los ciudadanos, no va a pagar ni un centavo”.
Apuntó que su administración ha retirado muchas concesiones que se dieron con ese título.
“Todas las concesiones de Cetram o como el caso del Corredor Chapultepec tienen un artículo en donde es un contrato leonino donde supuestamente el gobierno tiene que pagar toda la inversión que a lo mejor iban a realizar los privados”.
Por ello, insistió en que se peleará hasta sus últimas consecuencias, “y hacer saber que en todo caso el fideicomiso ya se ha cobrado porque un fideicomiso, cualquiera, tiene gastos administrativos que ha estado en su momento, como fideicomiso privado, recibiendo”.
Agregó que “el banco tiene pagado lo que tenga que pagar, la concesión está cancelada porque así lo está reconociendo el propio banco, y el gobierno de la ciudad no va a pagar absolutamente nada.
Mencionó que en otros casos de concesiones similares tampoco se va a pagar, “ya ha habido acuerdos con privados, por ejemplo, la concesión de Constitución del 17, fue un acuerdo mutuo en donde el privado reconoció que no se iba a desarrollar el proyecto y no tuvo ningún problema en que se cancelará la concesión”.
Pero, advirtió, hay otros en donde están como en este caso solicitando un pago que el gobierno no va a dar porque no se entrará en corruptelas y cuidarán el recurso público.
“Entonces, el Corredor Chapultepec va con recurso público, vamos ya a informarles a los ciudadanos cuál es el proyecto, cómo se está desarrollando el proyecto. Se va a iniciar con una obra muy importante en el cambio de tuberías y después viene la obra y los incentivos para poder generar éste como un Corredor Cultural y Comercial de la Ciudad de México”.
Por su parte, la titular de Administración y Finanzas, Luz Elena González, dijo que como se iniciarán obras importantes en esa zona se encontraron con dicha situación.
“En julio del 2015 se otorgó una concesión a una entidad del gobierno que antes era Calidad de Vida y ahora es la PROCDMX y en ella se otorga el uso, aprovechamiento y explotación del Corredor Chapultepec, desde casi la Condesa en avenida Sonora hasta adelante de Florencia y ésta fue a dar a un fideicomiso privado porque se utilizó la figura de coinversión, que es una de las formas de asociaciones pública privada que existen en la ley para poder desarrollar este proyecto”.
Subrayó que ese fideicomiso privado recibe los derechos que le otorga la PROCDMX para la explotación del corredor, y dentro del mismo se crea en Deutsche Bank la empresa proyectos de infraestructura Chapultepec, que pertenece al grupo Invex, para hacer la inversión del desarrollo de todo el corredor.
“El gobierno en la coinversión cede los derechos de uso y explotación y a través del fideicomiso tendrían que hacerse las inversiones que se tendría que reflejar en el desarrollo de todo el proyecto del corredor”.
Relató que en diciembre de ese año tuvo mucha fuerza pero también demasiada oposición vecinal.
“Fue cuando se le pidió al Instituto Electoral del DF, que hiciera una consulta ciudadan que sometiera a consulta el proyecto y la mayoría de los ciudadanos se opusieron por lo que en los hechos se canceló antes de iniciarlo.
“Fue entonces que se pidió una indemnización y la Oficialía Mayor que tuvo en su momento dos requerimientos que nunca contestó y a finales de 2018 y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México resolvió, que en efecto, el objeto de la concesión fue cancelado por ese hecho, donde la PROCDMX dice que canceló la realización del proyecto conceptual y en consecuencia se da una causal de extinción anticipada de la misma concesión, y ordena a la Secretaría de Finanzas, ahora sí a nosotros a cuantificar la indemnización a favor del fideicomiso en función de los términos que vienen en la concesión”.
En ese sentido, leyó el artículo al respecto: “Extinción anticipada con responsabilidad de la dependencia auxiliar, que sería el caso, que la Oficialía Mayor tendría que hacer, dada la extinción anticipada, el cálculo. La indemnización será calculada como el valor presente del monto total de la inversión que la concesionaria haya efectuado en el proyecto y que no hubiese recuperado más el valor presente de las utilidades operativas que le corresponden a la concesionaria por los años pendientes para el vencimiento de la concesión. Como referencia para estimar esta utilidad operativa se tomarán en cuenta las utilidades operativas promedio de los tres últimos años”.
“Con esto resulta que el gobierno tendría que pagar por la cancelación anticipada de la misma es lo que haya invertido hasta ese momento la empresa, más las utilidades futuras durante todos los años que dura la concesión, aunque no se haya realizado nada, pero como dijo la jefa de Gobierno, no lo haremos”, concluyó.
EB