La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDH) documentó la intervención de policías municipales en la desaparición de nueve personas. Los señalados pertenecen a las Comisarías del Seguridad Pública de Tlaquepaque, Guadalajara, Autlán de Navarro y Tecalitlán.
Este viernes, el presidente de la CEDH, Alfonso Hernández Barrón, dio a conocer la recomendación 25/2019 por 73 quejas que involucran a 84 desaparecidos.
Del total de denuncias presentadas entre 2003 al 2018, en 53 se desprende que la desaparición fue cometida por particulares y en 20, hubo intervención de servidores públicos.
En ocho se hizo referencia a personal de la Fiscalía del Estado; en tres se mencionó a la Policía de Tonalá; en una ocasión a elementos de la Policía de Guadalajara, Tlaquepaque, Autlán, Tecalitlán, San Miguel El Alto y Tecolotlán, abundó.
En rueda de prensa, la CEDH corroboró la desaparición forzada por parte de un mando de Tlaquepaque; el 13 de junio del 2017 varios sujetos al parecer de la Fiscalía Estatal se llevaron a cuatro hombres. De la investigación se desprende que el comandante ordenó a los policías municipales que acudieran a otro servicio, por lo que omitió la detención del auto donde se había privado de su libertad a una persona, propiciando que se perdieran rastros de su paradero.
Dijo que se tienen que agotar las líneas de investigación de los casos donde estén involucrados los servidores públicos.
Detalló que en 53 quejas, la desaparición fue cometida por particulares donde “se evidenció la participación de grupos de más de tres personas, lo cual indica que una organización ejecutó el delito. En los casos, predomina el uso de las armas de fuego y vehículo”.
Alfonso Hernández Barrón denunció que los servidores públicos fueron deficientes en la búsqueda e investigación de las 84 personas desaparecidas y que provocó que sus familiares acudieran a Derechos Humanos.
Por ejemplo, en el 67 por ciento de los casos no se solicitó con inmediatez la geolocalización del teléfono de la persona desaparecida; en el 49 por ciento no se agotaron las entrevistas a testigos o se hicieron meses después. Tampoco se consultaron cámaras de video vigilancia, ni se solicitó la prueba de ADN y sus comparaciones, entre otras irregularidades.
Lamentó que los casos no se investiguen y aseguró que un agente del ministerio público y 3 auxiliares en promedio se encargan de investigar 326 casos.
“Esto implica una carga excesiva que impide realizar indagaciones efectivas y que se traduce en un incumplimiento a la obligación de garantía que tiene el Estado”, acusó.
Aseguró que este problema y los hallazgos en fosas clandestinas ya rebaso al Gobierno de Jalisco.
“Solo reconociendo las deficiencias, es como podemos empezar a resolverlas. Ni siquiera las propias instituciones del Estado están preparados para enfrentar” lo que hoy se vive en Jalisco, ya que realmente es “una tragedia”.
La recomendación está dirigida al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro así como autoridades estatales y municipales.
JMH