De dos casos en los que se violaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia en la atención a víctimas del delito, derecho a la verdad y al trato digno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió recomendaciones a la Fiscalía del estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), mismas que fueron aceptadas por ellos.
En ambos, señaló el organismo, “resulta evidente la necesidad de fortalecer la profesionalización de los agentes ministeriales y peritos (…) además de los programas de capacitación necesarios con el fin de alcanzar el mejor resultado, específicamente en la localización e identificación de personas desaparecidas”.
La primera recomendación se emitió por un caso ocurrido el 4 de octubre de 2017, y tiene que ver con la desaparición de un muchacho. Un padre de familia acusó que entonces los agentes del Ministerio Público no integraron la carpeta de investigación debidamente.
Posteriormente el joven se halló sin vida, personal del IJCF lo identificó y notificó a la Fiscalía, pero ninguno se coordinó para informarle a su padre. Fue hasta un año después que los familiares supieron del hecho.
Una vez que el papá identificó a su hijo y solicitó la devolución del cuerpo, intentaron entregarle una bolsa roja para materiales biológicos que contenía restos óseos ajenos, pues se evidenció que personal del IJCF y de la Fiscalía propiciaron la entrega ilegal y descoordinada del cuerpo a una universidad privada. Posteriormente se abrió una averiguación previa, en la que no se han podido determinar las causas y la forma en que murió.
La segunda recomendación fue producto de una queja que una mujer canadiense presentó en enero de 2018, por la desaparición y muerte de su hijo.
El 27 de febrero de 2016 éste le informó que viajaría a Puerto Vallarta de vacaciones, pero después de eso ya nunca se comunicó con ella. Su esposo acudió al municipio costero para presentar la denuncia de desaparición ante el Ministerio Público y para proporcionar muestras de ADN.
En julio se les informó que las mismas no coincidían con la base de datos de restos humanos del Servicio Médico Forense (Semefo). En septiembre, el Ministerio Público comunicó a la agencia consular que no había avances en la investigación. Sin embargo, la policía de Canadá le informó el 22 de marzo del siguiente año que habían encontrado los restos de su hijo.
La familia solicitó que se trasladara el cuerpo, pero el 4 de abril éste se canceló porque en el Semefo había dudas sobre la identidad de los restos, luego la mujer se enteró que se trataba de un hombre que murió por pancreatitis y que nadie reclamaba.
Recomendaciones
Para ambos casos la CEDHJ recomendó a la Fiscalía estatal y al IJCF que emprendan las acciones para que se realice la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas con las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, a través de las acciones necesarias para que se otorgue el registro correspondiente de las víctimas directas e indirectas. Entre lo que piden, se encuentra también que se lleven a cabo protocolos, investigaciones, cambios en prácticas administrativas, entre otras recomendaciones.
Las claves
Octubre 2017 Tiene que ver con la desaparición de un joven; no se le informó al papá de la víctima sobre su muerte sino hasta más de un año después, pues ninguna dependencia se coordinó para dárselo a conocer; luego quisieron darle un cuerpo que no era el de su hijo, pues se entregó a una universidad privada.Febrero de 2016 Una ciudadana canadiense acusó malas prácticas en la desaparición y muerte de su hijo, en Puerto Vallarta. Hubo irregularidades en el caso, y finalmente quisieron entregarles un cadáver que no pertenecía al de él. Se supo que el cuerpo del muchacho se había confundido y dado a otra familia que decidió incinerarlo.
SRN