Sobrevivientes de las explosiones del 22 de abril presentan queja ante la CEDHJ

Los damnificados acusaron al gobierno del estado de aprobar de manera arbitraria el cambio de salario mínimo a UMAS.

Lilia Chávez, presidenta del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social Damnificados del 22 de abril (Diana Barajas)
Diana Barajas
Guadalajara /

Los sobrevivientes de las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por el cambio de salario mínimo a UMAS en el aumento de la pensión que reciben de manera mensual, a través del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social.

"Consideramos que era una arbitrariedad el hecho de quererlo cambiar a UMAS y a nosotros nos perjudica mucho en nuestra economía porque la UMA tiene el costo al 50 por ciento menos que el salario mínimo", dijo Lilia Chávez, presidenta del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social Damnificados del 22 de abril.

Los damnificados acusaron al gobierno del estado de aprobar de manera arbitraria el cambio de salario mínimo a UMAS.

Lilia Chávez, presidenta del Fideicomiso, señaló que el día 13 de marzo el gobierno estatal presentó un convenio modificatorio en el que pretendía cambiar el esquema del aumento y un día después el Comité Técnico del Fideicomiso sesionó y aprobó por mayoría dicho cambio, sin embargo, son seis representantes gubernamentales y cuatro de los sobrevivientes.

"Desde que se instituyó el Fideicomiso de forma muy amañada han decidido que nuestros representantes sean menor número para poder hacer ellos lo que quieran y así fue, lo aprobaron. El convenio es entre ambas partes, mínimo dos y aquí nosotros no tuvimos nada que ver porque no no lo permitieron", comentó.

A través de un comunicado, el pasado 15 de marzo el gobierno del estado explicó que los fideicomisarios tendrían un aumento porcentual anual conforme a la UMA, con lo cual los damnificados recibirían 16 mil 774 pesos.

De acuerdo con Lilia, ésta cantidad resulta insuficiente porque el gobierno estatal retiró los convenios con laboratorios privados cuando en el seguro popular no les pueden hacer estudios médicos, así como para la adquisición de aparatos ortopedicos, además en ocasiones no les dan toda la medicina que requieren y ante este panorama deben costear todo eso por su cuenta.

"Se gastan millonadas en cosas superfluas y a nosotros que es cosa de salud, que es cosa de vida y que además son responsables de lo que nos pasó porque el gobierno tuvo todo que ver para que nos pasara lo que nos pasó el 22 de abril", mencionó.

Los afectados comentaron que el siguiente paso será interponer un amparo para disolver el cambio de salario mínimo a UMAS, también acudirán a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


JMH

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