Alicia Gómez García es una de los más de mil tsotsiles desplazados desde el 2017 del municipio de Chalchihuitán, Chiapas, quienes perdieron todos sus derechos comunales, pues fueron despojados de sus tierras por problemas agrarios entre los habitantes de Chenalhó y Chalchihuitán.
Sin embargo, oficialmente no se ha reconocido este desplazamiento forzado, que dejó a 290 familias sin el derecho de trabajar sus tierras y también a entrar a su comunidad, pues están amenazados de ser multados y linchados.
“Y también en el municipio de Chalchihuitán, que somos desplazadas también, ya hace más de cinco años, fue el 18 de octubre de 2017, que el gobierno no ha solucionado el problema sobre el conflicto agrario, pero ya queremos la justicia, pero ya queremos la paz, soy una de esas familias que fue asesinado mi esposo”, apuntó Alicia.
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, del 2016 al 2020 se han registrado más de 36 mil desplazamientos forzados en Guerrero y Chiapas, dos estados sureños de México.
Mientras que durante 2020, nueve mil 741 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en estas dos entidades, donde hubo 24 episodios de desplazamiento forzado, con 25 municipios afectados.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, dio a conocer que del 2011 a la fecha, se han documentado 40 conflictos en Chiapas, en donde las armas se han convertido en el recurso central y en 33 de estos casos fueron usados altos calibres.
Actualmente en diversas zonas de Chiapas, se vive una crisis de violencia, pues múltiples actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico, destacó Pedro Faro, integrante del mismo centro defensor de derechos humanos.
“Derivado del territorio de la acción armada en esos territorios son una constante amenaza y hostigamiento que han generado un número que nosotros tenemos ubicados 14 mil 796 personas víctimas de desplazamiento, de estas algunas siguen en situación de desplazamiento porque no pueden retornar a sus casas y a sus lugares de trabajo, de hecho ahí lo que constatamos es una ruptura de los proyectos de vida”.
Así mismo, el defensor de derechos humanos señaló que en Chiapas son cerca de 28 comunidades afectadas por el desplazamiento forzado durante el periodo del 2010 a la fecha, siendo el principal factor la falta de atención de esta problemática por parte del estado.
“Los lugares de más alta tensión que hemos ubicado son las comunidades de Aldama, Chachihuitán, Pantelhó, San Gregorio Chamic, asimismo la zona de autonomía Zapatista donde también están siendo amenazadas que es la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva el Caracol 10 en donde también ha habido desplazamientos forzados por estos grupos armados” destacó.
El último conflicto que se registró fue en el municipio indígena de Chenalhó, en la comunidad de Santa Martha en donde iniciaron enfrentamientos de grupos paramilitares el pasado 29 de septiembre de 2022; provocando el desplazamiento forzado de más de 50 familias quienes perdieron sus casas, mientras que una veintena de personas fueron asesinadas.
El desplazamiento forzado, debido a las causas que lo generan, sus consecuencias y condiciones en que se encuentran las personas desplazadas, así como sus efectos físicos,psicológicos,comunitarios y los daños irreversibles por este acontecimiento traumático en el ámbito personal y comunitario son equiparables a tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.
Ante este panorama, Gloria Estela Bua Valencia, coordinadora de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, manifestó que lo más deseable para estas personas es que pudieran regresar a su territorio, porque no solamente lo ven como su casa, sino que son lugares sagrados, donde está su historia, sus familias y sobre es donde han desarrollado su cultura y su identidad.
“La terrible situación que pasan las familias desarticuladas, arrancadas de su territorio, hay muchas secuelas, hay mucho dolor, hay muchas situaciones psicosociales que se están viviendo, además del hambre, de la desesperación por la que salen huyendo en perder su propiedad, el estar perdiendo sus modos de vida y buscar una reinserción”.
En Chiapas existe una permanencia temporal respecto al fenómeno del desplazamiento desde la década de los setenta, se agudizó en los noventa a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, teniendo como principales actores que obligaron a las personas a salir de sus casas a los militares, y grupos armados de corte paramilitar, los cuales formaron parte de la estrategia de contrainsurgencia que el Estado mexicano gestó en la región Altos y Norte de Chiapas en los 90, con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas zapatistas y sus simpatizantes, tal y como lo señala el Plan de Campaña Chiapas 94.
Luis Manuel López Alfaro, obispo auxiliar de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, denunció que el problema más delicado es que la autoridad tendría que cuidar la paz, el bien del pueblo, sin embargo no lo hace, por ello a que “trabajen por el pueblo, cuiden al pueblo”.
De no detener el número de casos de desplazamientos forzados, Pedro Faro explicó que el riesgo latente es que se genere una especie de estallido social, ya que incluso el mismo EZLN en uno de los comunicados de la Comandancia General ubican esa situación en Chiapas al borde de la guerra civil en el sentido de que están confrontando a poblaciones que de por sí de muchos años están organizados.
Por ello, hoy se encuentran construyendo autonomía, alternativas de vida fuera del sistema y que eso está siendo trastocado por esos grupos que el estado está dejando crecer y lo cual desencadenaría desapariciones forzadas, desplazamientos o asesinatos pues en este territorio, donde era uno de los territorios en México que el crimen organizado no había llegado por lo menos hace año y medio.
HCM