Por considerar que las autoridades municipales y estatales se están 'brincando' las leyes con la aprobación de la interconexión vial entre San Pedro y Monterrey, colegios de abogados manifestaron su rechazo al proyecto.
Mediante un comunicado dirigido a la opinión pública, la Sociedad de Urbanismo Región Monterrey AC, el Colegio de Arquitectos de Nuevo León y la Academia Nacional de Arquitectura Capitulo Monterrey, enumeraron las irregularidades de la obra.
En primer lugar señalaron que la interconexión vial entre la avenida Valle Oriente en San Pedro y la colonia Independencia, en Monterrey, no se encuentra prevista dentro de las Estrategias de Movilidad del Programa Estatal de Desarrollo Urbano de Nuevo León 2030, ni del Plan Estatal de Desarrollo 2016 -2021.
Asimismo, señalaron que en los planes de desarrollo vigentes se propone un proyecto para conectar Monterrey y San Pedro pero a través de un trazo distinto, uniendo las avenidas Constitución y Pino Suarez con la Rufino Tamayo.
Igualmente señalan dentro del comunicado que no se solicitó opinión de el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano ni de los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano, pese a que es una obligación prevista en la Ley de Desarrollo Urbano vigente en el estado.
Sin la opinión experta de dichos consejos o la falta de estudios que justifiquen la importancia y el impacto de la obra, existe incertidumbre sobre el beneficio o afectación vehicular que puede generar el proyecto.
Además, indicaron que el artículo 95 de la Ley de Desarrollo Urbano estatal obliga a someter el proyecto a una consulta pública a los propietarios de los predios por donde cruzará el trazo vehicular.
"Es común escuchar que en Nuevo León nuestros problemas urbanos son consecuencia de una deficiencia o falta de planeación, lo cual es falso. Nuestros principales problemas metropolitanos son generados por la falta de respeto por las leyes, lineamientos e instrumentos de planeación vigentes.
"Consideramos pertinente que el Gobierno del Estado y los municipios de Monterrey y San Pedro, respeten los instrumentos normativos vigentes y de ser necesario que estos se actualicen conforme lo señala la Ley de asentamientos vigente".