Queta fue degollada en Coatzacoalcos, Veracruz, en la madrugada del 1 de enero de este año. Ese mismo día asesinaron a otra mujer, presuntamente con arma de fuego, en Tototlán, Jalisco. En febrero, encontraron estrangulada a la argentina Agostina Jalabert, de 31 años, en Playa del Carmen, Quintana Roo. El 4 de marzo fue hallada muerta y con signos de violencia María de Fátima Pech, de la misma edad, en Motul, Yucatán.
Ya se hizo costumbre que los medios reporten cada día feminicidios en todas las entidades del país. Esta una tendencia sostenida desde hace años, pese a los esfuerzos que durante más de dos décadas realizan las organizaciones civiles por denunciar y visibilizar la violencia contra las mujeres.
Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Incidencia de Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, sostiene que los feminicidios tienen ese nivel de frecuencia por la carencia de acciones del Estado mexicano en materia de prevención.
La tendencia a nivel nacional continúa al alza en los últimos años, pero se ha intensificado en esta administración. En las cifras de delitos y víctimas por cada 100 mil habitantes de 2015 a 2022, el aumento ha sido, respectivamente, de 113.45 y 111.59 por ciento, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En un delito puede haber más de una víctima.
De acuerdo con los datos oficiales, los feminicidios se duplicaron en los últimos ocho años: pasaron de 412 en 2015 a 984 en 2022. El año récord fue 2021, cuando 980 mujeres fueron asesinadas por su condición de género.
Familiares y parejas feminicidas
Las razones y los contextos en que se registran los feminicidios son diversos, explica Ana Yeli Pérez. Ocurren en los ámbitos público y privado.
Pero si bien en el 70 por ciento de los casos se ignora quiénes son los feminicidas, en el resto de casos las autoridades sí saben que los agresores fueron la pareja u otro familiar. Ese 30 por ciento de los crímenes sucede en el espacio familiar, en el mismo domicilio de las víctimas, según las mismas cifras oficiales.
Y justo ahí es donde el Estado podría efectuar políticas de prevención, advierte la abogada, sobre todo en un contexto en el que las mujeres han denunciado que padecen violencia en casa.
A pesar de ello, enfatiza la asesora jurídica, “las autoridades no están haciendo nada para evitar que esa violencia se incremente y termine en feminicidio. En el caso de las órdenes de aprehensión, no se implementan de manera efectiva, se quedan en oficios”.
La triste conclusión es que si el Estado no tiene la capacidad de prevenir el feminicidio íntimo, en los propios hogares, menos la tiene para detener aquellos que ocurren en contextos complejos, “donde se requieren esfuerzos más sofisticados, de inteligencia, que tienen que ver con el crimen organizado, con desmantelar estructuras que impactan la vida de las mujeres”.
Los más letales; Colima, a la cabeza
En 2022, la media nacional de los delitos y las víctimas de feminicidio fue de, respectivamente, 1.43 y 1.46 por ciento. Son 10 las entidades que rebasan esos números y cada una de ellas están ubicadas en diversas zonas del país, desde el sur al norte: Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Sonora y Zacatecas.
Colima encabeza la lista de fatalidades, con más de cuatro feminicidios por cada 100 mil habitantes. En Morelos y Nuevo León ocurren tres asesinatos de mujeres por cada 100 mil ciudadanos, mientras que la incidencia en Oaxaca, Chihuahua y Campeche es dos por cada 100 mil. Durango, Michoacán, Sonora y Zacatecas están por encima del 1.5 por ciento.
Para María Guadalupe Ramos Ponce, vicecoordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), un factor del aumento de los feminicidios en esas 10 entidades y en las restantes es la impunidad.
Los niveles de violencia de género, particularmente los feminicidios y las desapariciones de niñas y mujeres, se incentivan dado que el mensaje ha sido que pueden cometerse esos delitos, indica Ramos Ponce, quien también es docente e investigadora en la Universidad de Guadalajara.
“Muy pocos casos están vinculados a proceso. Si haces un análisis de delitos de feminicidio, detenidos y sentencias, el número (de gente procesada) va bajando”, expone y confirma que no existen políticas públicas de prevención a nivel nacional, estatal y municipal.
Acaso, señala Ramos Ponce, hay pequeñas acciones y campañas, pero desvinculadas de las políticas necesarias: “Por eso no hay impacto en la erradicación de las violencias contra niñas y mujeres”.
En ese sentido la investigadora menciona acciones mediáticas que surgen en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, o el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Pero incluso aquellos feminicidios que se vuelven mediáticos son atendidos de manera momentánea, mientras existe presión social. “A las semanas, el asunto se olvida”, se lamenta Ramos Ponce.
Recuerda el caso de Luz Raquel Padilla, en Jalisco. La fiscalía estatal dijo que ella misma se había quemado y que se trataba de un suicidio. “Generó indignación social, pero fue solo un momento”. Otro ejemplo es el del primer caso reconocido como feminicidio en Jalisco, después de la tipificación jurídica en el 2012. Sigue sin una sentencia definitiva pese a su difusión en medios.
La falta de justicia, opina Ramos Ponce, es resultado de la incapacidad gubernamental para atender los casos, pero también inciden la falta de voluntad política y la ignorancia.
En ese sentido, percibe que “hay un común denominador entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y, por ejemplo, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro en el tema de la violencia contra las mujeres”.
A nivel federal, expone, no se ha dado el mismo ahínco a la violencia de género como al pregonado combate a la corrupción.
A nivel estatal, recuerda que Alfaro dijo recientemente que el tema de los feminicidios “va mucho más allá de lo que puede hacer un gobierno”.
“Es ignorancia”, indica la especialista. “Son discursos y narrativas de hace dos o tres décadas. Mandatos internacionales ordenan a los Estados generar políticas públicas de protección y establecen con claridad que la violencia doméstica no es asunto íntimo, sino responsabilidad del Estado, pero en México hay un discurso añejo que se recicla. Es una regresión total”.
Distorsión estadística de feminicidios
Pérez Garrido, directora de Incidencia de Justicia Pro Persona, denuncia que Guanajuato no figura entre los estados con más feminicidios porque la fiscalía estatal determinó que de 434 asesinatos contra mujeres, solo el 4.48 por ciento –es decir, 21 casos–, los investiga bajo esa tipificación de delito.
En estados como Guanajuato, “hay contextos que agravan la discriminación generalizada, por la disputa por el territorio entre grupos de la delincuencia organizada. Eso impacta la vida de las personas y, por supuesto, la vida de las mujeres”, manifiesta.
En todo el país, alerta, buena parte de los feminicidios se catalogan como homicidios dolosos, o incluso como culposos y suicidios. “Eso es ocultar la realidad de la violencia”, denuncia la abogada.
Menciona los casos de violencia familiar. “Se traducen en miles por cada entidad. ¿A cuántas de esas miles de mujeres están realmente protegiendo, más allá de un oficio con una orden de aprehensión? Un rondín no le sirve para nada a una mujer. No se atienden esos potenciales feminicidios”.
Para tratar de paliar esas deficiencias, las organizaciones civiles se han especializado en acceso a la justicia, buscan una respuesta efectiva de las autoridades para atender las muertes violentas de mujeres por razones de género, y luchan para que se incorpore la perspectiva de género en las investigaciones y los procesos judiciales, explica Ana Yeli Pérez.
Esto rinde algunos frutos y ha conllevado la tipificación del delito, la creación de protocolos y la capacitación de servidores públicos en el ámbito de procuración y administración de justicia. Estas medidas, indica, sin ser fallidas están concentradas en uno de los derechos que el Estado debe garantizar: el acceso a la justicia.
Pero donde los esfuerzos hasta ahora son insuficientes es en la prevención de la violencia en general, ocasionada por la discriminación estructural en la sociedad, además de la presencia del crimen organizado y el acceso a las armas.
“Lo palpamos de manera clara, no se implementan los mecanismos de protección para las mujeres de manera efectiva en ninguno de los estados”, considera la asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Lo que se requiere, concluye la vicecoordinadora del Cladem, Ramos Ponce, son políticas públicas efectivas. “Hemos avanzado en la creación de todo un andamiaje jurídico e institucional, pero no se ha logrado que esas políticas de verdad incidan en los tres niveles de gobierno y que puedan ser transexenales, más allá de partidos y de colores”.
En su diagnóstico, se deben involucrar instituciones como la Secretaría de Educación Pública, “para generar en las escuelas otras formas de relacionamiento entre niños y niñas, y romper con los roles. Solo si se involucra de verdad a todo el Estado se puede generar un compromiso político de erradicar las violencias”.
JLMR