La Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG), concluyó con la investigación sobre el caso de las dos alumnas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) que fueron víctimas de agresión sexual por parte de sus compañeros.
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Su titular Dante Haro Reyes, informó que la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Consejo General Universitario (CGU) analiza el expediente y emitirá el castigo para Josué Jafet “N” y Juan Pablo “N”, señalados como presuntos agresores de Daniela y Grecia.
Sin embargo, a la fecha el ministerio público que conoció de las denuncias penales presentadas por las víctimas, ni siquiera las ha llamado a declarar. Tampoco a los agresores.
Ante esto, el defensor de los Derechos Universitarios consideró que “debe haber un poco más de celeridad para terminar con la impunidad”.
Incluso, se dijo dispuesto a compartir la investigación que realizó la Universidad de Guadalajara sobre este caso. “Nuestro reglamento nos faculta para ponerlos a disposición y que se agilicen los trabajos”, afirmó.
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En entrevista, dijo que las pruebas psicológicas que se les realizó a las víctimas resultaron positivas.
“Tienen una serie de secuelas que se presentan hacia las entrevistadas, hacia las víctimas y eso, es lo que se plasma en un dictamen psicológico por parte del (Instituto Jalisciense de) Ciencias Forenses”, reveló.
Señaló que durante la investigación comparecieron entre 25 y 30 personas, entre ellas, los estudiantes presuntamente involucrados en las agresiones sexuales que ocurrieron en enero y febrero pasado en una casa de asistencia que se ubica frente al CUCS.
Dante Haro, aseguró que los alumnos Josué Jafet “N” y Juan Pablo “N” están localizables y rindieron su versión sobre lo sucedido.
“Estuvieron físicamente los dos acompañados por sus padres, inclusive con otras autoridades y sus representantes legales”, resaltó. Sin embargo, vale recordar que en tribunales ambos jóvenes se han amparado en varias ocasiones.
También la Universidad de Guadalajara enfrenta un amparo porque los papás de los presuntos responsables alegan que en este caso se viola el derecho a la educación.
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“Aquí lo que nosotros hicimos es una explicación muy clara, estamos privilegiando la parte de la integridad en medidas cautelares que tiene que ver con una colectividad. Entonces, el fin superior está por arriba del interés particular”, argumentó Dante Haro.
La Defensoría de Derechos Universitarios no halló elementos que hagan presumir que dentro del CUCS opere la banda Los Tornillos. “No hay elementos sólidos y fundados de exista tal banda, un modus operandi con tales características”, concluyó.
MC