Las y los legisladores avalaron por unanimidad ajustes al Código Penal para castigar con penas de dos a cuatro años de cárcel y una multa de hasta 100 mil pesos a quien cometa el robo de mobiliario y equipamiento urbano. En el caso específico tapas de registro o rejillas de alcantarillado propiedad gubernamental la pena se aumentará una mitad por los daños que causen a terceros.
En el artículo 191 Bis quedó asentado que quien realice la ilegítima sustracción, apoderamiento, comercialización, detentación o posesión del equipamiento o mobiliario urbano, sea fijo, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos, se le encarcelará por las afectaciones que causan a los servicios de comercio, seguridad, higiene.
La autora de la propuesta, Alicia Mercado, resaltó la necesidad de frenar estas conductas, sobre todo por la pérdida de coladeras en la vía pública, ocasionando accidentes automovilísticos, además de caídas graves para las personas transeúntes que han costado la vida a varias personas en la entidad.
En este dictamen consideraron cambios por dos iniciativas más. Una de ellas presentada por el Ariel Juárez para que sea castigada la usurpación de funciones al servidor público que coadyuve a un tercero para que simule ser parte de la institución pública y con esa estafeta cometa violaciones a la ley. El castigo es de dos a siete años de cárcel.
El otro dictamen fue derivado de la iniciativa de ley presentado por Gerardo Ulloa Pérez, para que el abigeato, es decir, el robo de animales, se pueda denunciar en los casos que es cometido por algún integrante de la familia, pues actualmente esto no lo contempla la ley.
En los próximos días se publicará el acuerdo en la Gaceta de Gobierno y entrarán en vigor estos cambios.
RARR