La Contraloría del Estado sí entregó la auditoría que practicó al Sistecozome al poder legislativo. Éste fue uno de los tres documentos en que los diputados basaron su decisión de autorizar la extinción, vía decreto, de la paraestatal, respondió la dependencia ante los señalamientos de la Federación General de Trabajadores del Estado y los Municipios de Jalisco (FGTEM).
“Nosotros hicimos una auditoría con aspectos técnicos, aspectos financieros, económicos, que en su momento sirvieron de insumo para allegarse más herramientas y al final, con otros actores, determinar la extinción”, indicó en el director general de Control y Evaluación para Organismos Paraestatales, José Luis Ayala Ávalos.
El funcionario señaló que junto con el informe financiero de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPAF) sobre la situación en que operaba el organismo y la propuesta del ejecutivo de cómo mantener la operación de las rutas, a través esquema ruta-empresa, la auditoría sirvió de insumo a los diputados.
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Adicionalmente, comentó, la información de la auditoría está en la página de transparencia.
Fue el dirigente de la FGTEM, Cuauhtémoc Peña Cortés, quien denunció que jamás se transparentaron los motivos de la extinción del Sistecozome y sostuvo que la titular de la Contraloría del Estado, Teresa Brito, “jamás entregó la auditoría a los diputados”, por lo cual el sustento para extinguir Sistecozome no estuvo a su alcance ni se leyeron públicamente los razonamientos.
Ayala Ávalos señaló que los resultados de la auditoría al Sistecozome se entregaron en tiempo y forma.
La dependencia exhibió la solicitud fechada el 6 de marzo del presente año, donde el poder legislativo le pide rinda un informe de las indagatorias, el cual se responde con fecha de día 21 de mismo mes y se le recuerda que la auditoría concluyó el 6 de diciembre de 2016. La extinción y liquidación de Sistecozome se concretó el 26 de julio de este año.
La FGTEM denuncia que se trató de un despido injustificado, pues se rescindió la relación laboral de 600 trabajadores se hizo sin tener abogados. Y fueron obligados a renunciar a derechos que la misma ley establece que son irrenunciables, sostuvo.
En vez de ser liquidados todos los trabajadores sino que presentaron ‘renuncias voluntarias’ que entrañan sacrificar 40 por ciento de sus derechos, apuntó.
Respecto a este proceso la Contraloría no tiene competencia, que es enteramente materia de la autoridad laboral.
MC