A dos años nueve meses del nombramiento del fiscal Anticorrupción, Ricardo César González Baños, informó que se han iniciado cerca de 800 carpetas de investigación en la dependencia a su cargo por presuntos delitos de corrupción. Indicó que alrededor de 250 están en trámite, el resto se archivo y aproximadamente 16 fueron judicializadas las cuales se encuentran ya en el Poder Judicial.
Explicó que las carpetas que fueron archivadas obedecieron a distintos motivos como el que las víctimas ya no comparecieron ante la Fiscalía a integrar la carpeta ni citándolas ni porque se les llamó por teléfono, se desistieron de la acción y no quisieron saber ya nada de la supuesta autoridad violadora de derechos y porque no hubo elementos que integraran el tipo penal además de que los hechos fueron distintos a los narrados.
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Así lo dio a conocer el fiscal este martes en la conferencia virtual “Combate a la arbitrariedad y al abuso del poder”, organizada por la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Hidalgo (SEAH) para la implementación de la política estatal anticorrupción.
Ahí mencionó que los delitos que más se denuncia en la Fiscalía Anticorrupción son precisamente los de abusos de autoridad pues ocupan poco más 50 por ciento de las denuncias.
Sin embargo, subrayó que en estas denuncias no todas implican la comisión de un delito pues algunas se trata únicamente de faltas administrativas cometidas por parte de los funcionarios públicos.
En la conferencia virtual el fiscal puntualizó que no se debe tolerar el abuso del poder y mucho menos los actos arbitrarios. “Pero para eso hay una necesidad de un cambio personal y un cambio social también que nos traerá como consecuencia el poder ir acotando y evitar este tipo de conductas”, dijo.
González Baños explicó que el abuso del poder en los sectores públicos se presenta cuando se exceden las facultades o atribuciones de los funcionarios, cuando se trata a las personas como humillación causando un daño, “sobre todo de los derechos fundamentales”.
Consideró que el abuso del poder casi siempre va aparejado como una consecuencia inequívoca de los atributos excesivos, “es por eso que el poder del estado debe estar limitado, por ejemplo el uso de la fuerza policial, sin embargo muchas veces es necesaria para dar diligencia a la ley”.
Agregó que el abuso del poder trae como consecuencia la arbitrariedad ineludiblemente. “Nuestra Constitución establece que los funcionarios públicos son única y exclusivamente depositarios de la autoridad, responsables legalmente de su conducta oficial y sujetos a la ley, jamás superiores a ella”, precisó.
Enfatizó que nadie está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de delitos. “Cuando hay ese abuso de poder por lo regular siempre se vulneran principios de legalidad, igualdad, respeto de los derechos humanos, la presunción de inocencia, el debido proceso, que son principios generales del derecho”, refirió.
El fiscal Anticorrupción añadió que la arbitrariedad es la plataforma de la violación de los derechos humanos y que entre los abusos del poder están el laboral, el físico, el de autoridad, el social, el financiero, el sexual e incluso el espiritual.