Representantes de organizaciones sociales y habitantes de siete municipios de Sonora protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el derrame de 40 mil litros de sulfato de cobre acidulado en en los ríos Bacanuchi y Sonora en agosto de 2014
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Los inconformes exigieron que se reabra el fideicomiso correspondiente para la reparación de los daños provocado por la empresa Buenavista del Cobre de Grupo México.
Argumentaron que a cinco años de la tragedia medioambiental “no hay un monitoreo al caso que dé certeza a las comunidades afectadas y sólo hay un registro de compromisos incumplidos, de remediaciones inconclusas y de afectaciones persistentes”.
La codirectora ejecutiva del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Fernanda Hopenhaym, recordó que Grupo México fue multada con 23 millones de pesos, equivalente al 0.00016 por ciento de los ingresos que obtuvo en 2014 y creó el Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo privado al que la empresa comprometió 2 mil millones de pesos y que cerró sin dar explicaciones a principios del 2017.
“Este fideicomiso cerró unilateralmente sin dar explicaciones a las comunidades afectadas y sin haber completado el proceso de remediación, de los 2 mil millones de pesos comprometidos se aportaron poco más de mil 200 millones, alrededor del 60 por ciento. El Fideicomiso no cumplió con su cometido y operó de manera opaca y arbitraria”, externó.
Explicó que la semana pasada la Segunda Sala de la SCJN pospuso para este miércoles la resolución del juicio de amparo 384/2018 interpuesto por el Comité de Cuenca Río Sonora (CCRS), que pone en duda la forma en la que operó el Fideicomiso Río Sonora, “lo que le permitirá tomar una decisión histórica a favor de las comunidades y de regular de forma efectiva y obligar a Grupo México a rendir cuentas”.
Manifestó que en caso de que se reabra el fideicomiso se deberá transportar el uso que se dio a los recursos que si fueron entregados e indagar el destino de 800 mil millones pesos “que estaban perdidos” y evaluar las inversiones para que la reparación del daño de complemente.
En ese sentido, Luis Miguel Cano, representante legal de PODER, acusó que las autoridades federales de la administración de Enrique Peña Nieto y los responsables de Grupo México “se hayan puesto de acuerdo para cerrar la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS) destinada para tratar a las personas por la intoxicación con metales pesados”.
“Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, el dueño de Grupo México jamás ha ido a dar la cara y ofrecer una disculpa, lo que hizo en su prepotencia es acordar con el gobierno de entonces un mecanismo alternativo de solución que le otorgara impunidad empresarial. Mañana se cumplen 5 años de esta tragedia, la clínica UVEAS va a cerrar porque las empresas así lo pactaron con el gobierno de ese entonces”, planteó.
Durante la protesta, nueve organizaciones entre las que se encuentran Greenpeace, Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos y Oxfam anunciaron que entregarán un amicus curiae para manifestar su apoyo a los Comités de Cuenca Río Sonora y a PODER.
EB