La crisis que vivió el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en septiembre pasado, dejó a 85 personas fallecidas sin la posibilidad de ser identificadas y reclamadas por sus familiares, ya que personal de la institución no tuvo el cuidado de preservar los cuerpos.
“No tuvieron las condiciones adecuadas de preservación, ni de almacenamiento, lo cual provocó que se borrara cualquier dato que pudiera relacionarlas con la fecha de ingreso, lugar de los hechos o el hallazgo, carpeta investigación o acta de ministerial o causa de muerte”, lamentó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Alfonso Hernández Barrón, al rendir un informe sobre la contingencia provocada por la acumulación de cadáveres en el IJCF y que generó la recomendación 10/2019 por el caso del tráiler que trasladó cuerpos por la zona metropolitana del 31 de agosto a 17 de septiembre del 2018.
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Explicó que la crisis se generó “por la omisión en la debida integración del expediente básico relacionado con la búsqueda de la identidad y de familiares”.
Los cadáveres permanecieron entre cinco meses y tres años con seis meses en las instalaciones de la dependencia, lo que provocó que se violaron los derechos humanos a la dignidad post mortem, así como los derechos de las víctimas indirectas.
La Comisión documentó dilación en la práctica de las necropsias, ya que algunas se realizaron hasta 23 meses después de que ingreso el cadáver.
Hernández Barrón reveló que en las instalaciones permanecían 52 neonatos que no habían sido identificados por sus familiares.
“No se encuentra ninguna información de la fecha y el lugar en que fueron localizados. Se desconoce cómo llegaron a las instalaciones y no hay ningún dato para vincularlos alguna indagatoria”, dijo al precisar que los bebés fueron inhumados en el cementerio Río Paraíso Eterno en el municipio de Zapopan.
En rueda de prensa, dejó claro que las omisiones recaen principalmente en personal de la Fiscalía del Estado y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Dijo que durante la contingencia del Instituto hubo 605 cuerpos y no 444 como se informó durante la pasada administración. La mayoría almacenados en tres tráileres que deambularon por zona metropolitana y el municipio de Lagos de Moreno.
Sin embargo, a ocho meses, las malas prácticas continúan en el IJCF. De no tomar cartas en el asunto, la crisis se repetirá.
“Este es un informe que se hace necesario justo porque estamos anticipando otra crisis similar, si no se actúa de inmediato. Estamos haciendo una investigación de cada caso. Son 605 casos. En la actual administración se acumulan ya 450 en zona metropolitana”, destacó.
“El sol no se tapa con un dedo. El rezago es evidente”, remató al exhortar a las autoridades para que actúen con mayor diligencia y dar resultados.
INFORME
En su informe, la CEDH señaló que no localizó oficio o constancia de comunicación que advierta sobre la falta de espacios para preservar y resguardar los cuerpos de las personas fallecidas, lo que provocó la putrefacción de los cadáveres.
Denunció que las líneas de investigación en cada uno de los casos no se agotaron, ni se realizaron de forma correcta, lo que generó un sufrimiento de las victimas indirectas.
En algunos casos, había huellas dactilares y credenciales del INE de los fallecidos.
“No hay registro de acuses de recibo de los oficios de investigación enviados a la policía investigadora en la dirección de Homicidios Intencionales”, apuntó.
A pesar de que los rasgos físicos de las personas fallecidas eran totalmente apreciables, no confrontaron la información. Faltó la coordinación entre las áreas de la fiscalía
“El Sistema Automatizado para Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) arrojó resultados positivos en otras entidades, pero no se enviaron los exhortos para agotar las investigaciones”, subrayó.
Dijo que en 7 carpetas de investigación no hay ni siquiera Informe Policial Homologado (IPH): en otras, existen actuaciones sin firma; una más, carecen de dictámenes periciales.
Personal del IJCF rindió informes en un lapso que va de 4 meses a 3 años con 8 meses. Sin embargo en algunos casos, los peritajes carecen de conclusiones.
Se documentó que en algunas fotografías forenses “no muestran los rasgos de las personas sus ropas tatuajes o pertenencias”.
Además, los familiares de las personas que -a la postre fueron identificadas-, nunca recibieron una notificación oportuna sobre el hallazgo, pese a que continuamente acudían a las instalaciones del SEMEFO.
Entre las recomendaciones, el presidente de la CEDH se encuentra una disculpa pública y el reconocimiento de las omisiones de su personal en el trato digno a las víctimas.
También piden se erija un memorial en honor de las personas fallecidas que fueron tratadas de forma indigna.
MC