El caso de Leticia Leal, rectora del Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), generó indignación y un fuerte llamado a la acción por parte de activistas y colectivos feministas, quienes exigen justicia ante lo que consideran un claro ejemplo de violencia vicaria.
Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora en México del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), calificó como “inadmisible” y una “bajeza” la más reciente táctica legal de la ex pareja de Leal, quien, al no encontrar más opciones en Jalisco, recurrió a tribunales en la Ciudad de México para denunciar un supuesto abuso sexual por parte de Leal en contra de su propio hijo, una medida que Ramos Ponce considera una “acción perversa”.
- Te recomendamos Ley Vicaria en Jalisco genera polémica; hombres 'cambian de sexo' para obtener beneficios en procesos Comunidad
La activista detalló que esta estrategia, lamentablemente, es más común de lo que parece, y se inscribe en lo que se conoce como violencia vicaria, en la que el agresor utiliza a los hijos y los procesos legales para someter, acosar y desestabilizar a su ex pareja. La coordinadora de Cladem recordó que, tras decidir separarse de él hace cinco años, el ex marido de Leal amenazó con arruinar su vida, iniciando así un largo proceso de hostigamiento que incluyó la pérdida de la custodia de su hijo y constantes acusaciones que mantienen a la académica en un calvario de procedimientos judiciales interminables.
“Lo que está ocurriendo con Leticia Leal muestra hasta dónde puede llegar la violencia vicaria cuando se permite que quienes tienen poder e influencia lo usen como arma”, señaló Ramos Ponce, quien también urgió a la UdeG a tomar cartas en el asunto e investigue los antecedentes y el actuar del académico implicado y evalúe si existen fundamentos para su destitución.
Ante la visibilidad que ha tomado el caso, la UdeG expresó su respaldo a Leal mediante un posicionamiento en voz de su rector, Ricardo Villanueva, quien aseguró que la institución mantiene una política de “cero tolerancia” frente a la violencia.
Sin embargo, Nancy Castañeda, vocera de la colectiva feminista Paritaristas, manifestó que este respaldo debe transformarse en acciones contundentes, pues “el discurso sin acción no nos sirve de mucho”. Aseguró que el caso de Leal pone en evidencia la problemática de violencia de género que persiste en la universidad y la falta de sanciones efectivas hacia quienes abusan de su posición.
“Esperamos que esta cero tolerancia implique un procedimiento concreto para destituir al académico denunciado, y que los académicos y directivos que sabían del caso, pero guardaron silencio también sean llamados a rendir cuentas”, añadió Castañeda.
Este no es el primer caso en la UdeG que despierta indignación y demanda acción. En 2021, el exmagistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, quien también se desempeñaba como profesor universitario, fue acusado de abuso sexual infantil, un escándalo que evidenció la urgencia de revisar las prácticas y protocolos internos para prevenir y sancionar la violencia dentro de la institución.
De acuerdo con datos de la colectiva Paritaristas, en 2023 han acompañado más de 70 casos de violencia vicaria y conflictos por custodia, un indicador de que el problema es sistemático y va en aumento.
Para Ramos Ponce, el respaldo social y la visibilidad mediática del caso de Leal son elementos clave que podrían hacer la diferencia en la búsqueda de justicia para la académica. La activista subraya que esta situación expone la necesidad de que las autoridades legislen y tomen medidas integrales.
Urgen reformas ante violencia vicaria
La coordinadora de Cladem, Guadalupe Ramos Ponce, criticó a la pasada legislatura y señaló que las reformas en torno a la violencia de género fueron limitadas y sin impacto real. Subrayó que es urgente avanzar hacia una reforma completa que abarque tanto el Código Civil como el Penal para brindar una protección plena.
Añadió que el caso de Leal ejemplifica cómo el poder e influencia del agresor agravan la violencia, en este caso con acusaciones falsas y tácticas deshonestas para afectar la vida de la académica y obtener la custodia de sus hijos.
MC