Las secretarías de Salud y del Trabajo estatales, así como el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) y las obras de la Línea 3 del Tren Ligero continúan bajo revisión para emprender las acciones legales pertinentes en caso de encontrarse irregularidades, como se denunció ayer en la Secretaría de Educación Jalisco, al detectar inconsistencias en el programa de robótica impulsado por la pasada administración estatal.
“La Secretaría del Trabajo, al igual que todas las dependencias están terminando sus procesos de revisión, después de haber terminado la entrega-recepción y van a ser muchas las denuncias y las acciones legales que se van a emprender. Apenas estamos viendo el inicio, hoy seguimos con el tema de Educación, pero estamos por arrancar con el tema de salud, pensiones y por supuesto, si hay algo en la Secretaría del Trabajo no será la excepción”, aseguró el mandatario estatal.
La Secretaría de Educación Jalisco detectó irregularidades en la adquisición de equipo y capacitación en el programa de robótica, por lo que se investiga un posible fraude y compra a sobreprecio por 137 millones de pesos. Las acciones se habrían cometido en los últimos tres años de la pasada administración de la dependencia estatal junto con la desaparecida Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf).
El objetivo de este programa era brindar cursos de capacitación en la materia a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria y así crear el programa de robótica más grande de Latinoamérica. Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la SEJ, señaló que menos de 10 millones de pesos se destinaron para este programa de 2013 a 2015, cifra significativamente menor a la reportada en el periodo de 2016 a 2018, en el que se contrataron a dos empresas por 137 millones de pesos; las compañías beneficiadas eran comercializadoras.
Se tratan de PROBACO, con sede en Monterrey, que recibió 58 millones de pesos con la celebración de cuatro contratos, y la empresa Impact BD, con sede en Sonora, que tuvo un contrato de 79 millones de pesos en 2017. El secretario de Educación Estatal agregó que también se contrató capacitación para mil 733 escuelas, en el que se incluían dos tabletas y robots, los cuales se adquirieron por 9 mil 946 pesos, cuando el precio comercial se encuentra entre 2 mil y 3 mil pesos. Sin embargo al realizar un sondeo en 400 de estas escuelas se encontró que el 50 por ciento recibieron los robots pero no la capacitación.
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Otro 20 por ciento de estas escuelas dijo tener guardados los robots, porque aunque recibieron la capacitación no saben usarlos. A pesar de esta situación, se firmaron oficios de conformidad asegurando que todas las escuelas recibieron el equipo y la capacitación.
Gerardo Rodríguez Jiménez, subsecretario de Administración de la SEJ, precisó que estas dos empresas señaladas también se beneficiaron con contratos de otras dependencias del Gobierno de Jalisco, a través de la Sepaf.
Aseguró que se trata de contratos leoninos, por lo que se puede castigar a los servidores públicos que se prestaron para ese ejercicio. En su intervención, la directora de Asuntos Jurídicos de la SEJ, Esmeralda del Socorro Larios Fernández, adelantó que se presentó denuncia ante el Órgano Interno de Control, el cual, de acuerdo a la Ley Orgánica del Estado de Jalisco se encuentra subordinada a la Contraloría del Estado.
Responden a señalamientos
Víctor Sandoval, ex coordinador de Educación Básica, y Guillermo Rivera, ex director de Pensamiento Lógico Matemático, informaron a través de un comunicado que las negociaciones no pudieron realizarla la Secretaría de Educación Jalisco, debido a que la Ley de Adquisiciones señala que estas dependencias no pueden llevar a cabo compras mayores a 12 mil 500 pesos, por lo que tuvo que hacerla otra entidad gubernamental.
Reiteraron que los precios “no es responsabilidad de la Secretaría de Educación, es inexacto dar un precio de un producto tecnológico años después, pues la tasa de obsolescencia está siendo desestimada, sirva como ejemplo que una computadora con ciertas características tiene un costo hoy, pero en dos o tres años será un valor más bajo”. Agregó que “tampoco se comentó que se contrató una metodología de enseñanza, no solo un kit de robótica, el precio incluía servicio, entrega, capacitación y una garantía que reponía el robot por descompostura”.
Sobre las anomalías en las capacitaciones, afirmaron que desconocen por qué no se otorgó el servicio si hay documentos que acreditan que se llevaron a cabo. “No se presentó ninguna prueba documental, pero estamos en la total disposición de entregar también todos los acuses de recibido de los kits y capacitación a la Contraloría del Estado o a quien necesite verlos para avalar nuestro dicho”, aseguraron.
MC