Tamaulipas acumuló en 2022, denuncias penales contra 1,628 deudores alimentarios, por lo que especialistas en leyes celebran que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya prohibido a quienes cometan este delito postularse por un cargo de elección popular y acceder a un puesto público.
El incumplimiento de obligaciones alimenticias es uno de los principales delitos en la entidad; el año pasado se abrieron solo 25 carpetas de investigación menos que en 2021, cuando se formularon 1653 denuncias, por lo tanto, el ilícito prácticamente mantiene sus niveles.
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Esta semana, el máximo órgano de justicia en nuestro país, confirmó la prohibición para que los deudores del pago de pensiones alimenticias puedan acceder a cargos públicos y de elección popular, validando así una ley del estado de Yucatán que aplicó dicho veto.
Esta resolución sentará un precedente y permitirá aplicar el criterio en Tamaulipas, de acuerdo con la abogada Gabriela Ibarra Segura, exprocuradora del DIF en Altamira, quien afirma hay funcionarios públicos omisos en sus obligaciones.
“Estaría excelente aplicarlo en Tamaulipas para que cumplan, he demandado a funcionarios públicos por ese motivo y se tienen que poner esos candados, pero para que funcione debe haber denuncias o demandas, de otra forma no va a proceder”.
Fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Yucatán quien había impugnado la medida, al considerar que se violaban los derechos de igualdad y no discriminación para acceder a un cargo público, así como el de la libertad de trabajo y el ser votado.
“La medida tiene un fin constitucionalmente legítimo porque pretende garantizar y proteger el derecho de alimentos mediante la restricción del derecho del deudor alimentario moroso para acceder a cargos públicos”, planteó Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte.
La medida no aplicará si el deudor se pone al corriente, según se aclaró. Sin embargo, dos de once ministros votaron en contra del proyecto.
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AYPC