En Tamaulipas se han abierto 36 carpetas de investigación este año por aborto, que sigue siendo un delito en la entidad, aunque las denuncias penales casi desaparecen, según la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
Y es que mientras en enero se formalizaron seis acusaciones ante las Unidades Generales de Investigación, en julio fueron solo dos y en agosto ninguna, indica el reporte oficial, cuya base de datos es alimentada mensualmente por la Fiscalía de Justicia.
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En febrero del presente año se iniciaron cinco carpetas de investigación, en marzo seis, en abril siete, en mayo y junio cinco cada uno, y es entonces cuando el registro desciende hasta llegar a cero en agosto.
Sin embargo, se tienen más denuncias en 2023 que en 2022, pues para agosto del año pasado el recuento era de 32 y ahora es de 36. El registro anual de entonces cerró con un total de 40.
El pasado 6 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal Federal que castigan el aborto, por lo que determinó que ninguna mujer podrá ser sancionada por interrumpir su embarazo.
Los ministros de la Primera Sala de la SCJN determinaron que la penalización viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Tamaulipas es uno de los estados que no ha despenalizado el aborto. Su Código Penal señala que comete un delito quien priva de la vida al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.
También establece que a la mujer que voluntariamente procure su aborto o consienta que otro la haga abortar, se le impondrá una sanción de uno a cinco años de prisión, quedando facultado el juez para sustituirla por tratamiento médico integral.
Solo está permitido cuando el embarazo fuera producto de una violación o corriera peligro la vida de la futura madre.
SJHN