Apenas se publicó el decreto de expropiación en el Periódico Oficial del Estado este 1 de septiembre, sin avisarles y sin concretar indemnizaciones, el gobierno municipal de San Pedro Garza García madrugó y sorprendió a vecinos del Casco Urbano, en la zona centro, al desalojarlos y dejarlos en la calle para demoler sus propiedades, en las cuales algunos habitaron durante más de 50 años, todo esto como parte del proyecto para ampliar la avenida Vasconcelos.
En un operativo realizado con presencia de 200 funcionarios, policías, patrullas, la Unidad Móvil del C4 y trabajadores de empresas particulares, las labores iniciaron desde las 06:45 para notificar a 8 vecinos y sacarlos sin previo aviso para posteriormente demoler las propiedades.
La molestia y la impotencia de las familias fue evidente al afirmar que prácticamente los echaron de sus casas y denunciaron que la administración que encabeza Miguel Treviño de Hoyos no tuvo empatía con los colonos, aunque algunos explicaron que ya habían pactado una indemnización y otros no, pues había diferentes etapas en proceso.
Al dispositivo de notificación, desalojo y demolición no fueron invitados los medios de comunicación, pero los que se enteraron y llegaron al cruce de Vasconcelos e Hidalgo fueron desalojados, menos MILENIO.
Patrullas y policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad sampetrina bloquearon desde la avenida Corregidora hasta Jiménez, donde se ubican todos los domicilios.
El decreto fue publicado este 1 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado, exponiendo los motivos de la expropiación a partir de la página 26.
"¡Nos van a tumbar! Qué groseros, ni siquiera nos han pagado, nos van a quitar 6 metros”, señaló Rosalía Jasso, vecina con 50 años de residir en el número 515, una de las cuatro propiedades a las que el municipio busca pagar 2 millones de pesos, pero que aún no les liquida.
Los cuatro domicilios que no han sido indemnizados son los identificados con los números 533, 533-A, 521 y 515.
“No mame (sic), usted no me dijo eso”, le respondió el vecino de la casa con el número 521 sobre Vasconcelos y la calle Allende al actuario.
“¿A mí no me van a sacar aquí?", preguntó una mujer de la tercera edad a una funcionaria municipal, quien respondió en forma negativa.
El secretario de Ayuntamiento, José Dávalos Siller, informó que 8 familias fueron avisadas de un proceso de notificación sobre un acuerdo de expropiación por causa de utilidad pública, publicado en el Periódico Oficial del Estado.
Sin embargo, confirmó que no avisaron a tiempo para que tomaran sus precauciones y pudieran maniobrar, por lo que quedaron en la calle.
"Habría que ver cuál es la situación particular de las familias. Todos ellos estaban enterados, no del día, pero estaban enterados de que el municipio estaba con este proyecto adelante, incluso.
"Algunos de ellos que lo necesitaron les ofrecimos alguna opción de renta y que presentaran el costo a ver si podíamos apoyarles el pagar alguna renta, no lo presentaron. Yo pienso que quizá pensaron que no iba a suceder esto y aquí estamos ejecutándolo… Si ellos no están conformes con la cantidad (ofrecida) tienen los recursos legales", dijo.
El funcionario indicó que se indemnizó a valor comercial y no catastral, con avalúos hechos por el Colegio de Valuadores de Nuevo León. Dijo que el monto total de las 8 propiedades, que representan mil metros cuadrados de expropiación, asciende a 31 millones de pesos.
Informó que de las 34 propiedades, 30 de la acera norte y 4 de la acera sur, por lo que se lorgaron comprar 26 propiedades, es decir, el 75 por ciento de las mismas.
"Es mentira eso de que ya pagaron 31 millones de pesos a los vecinos, no es cierto, no han pagado ningún cinco", dijo Alejandra Correa, otra afectada.
Entre sueños la sacan de su casa tras 5 décadas
Rosalía Jasso Jiménez fue desalojada mientras dormía en su domicilio del 515 de Vasconcelos, lugar donde residió durante 52 años, calificó de injusta la manera en la que operó el gobierno de San Pedro.
Indicó que por el operativo, una hermana se sintió mal, ya que padece de diabetes y tiene un tumor en el área del cuello.
"Es injusto, porque estábamos dormidas y mi hermana ya se puso mal. No nos avisaron que nos iban a sacar, ya nos sacaron de la casa, ya no tenemos dónde meternos", señaló.
Se le cuestionó si de plano quedaron en la calle.
"En la calle sí, nos dejaron así… nos iban a pagar los metros cuadrados que nos iban a quitar, pero no pagaron nada y sí están tumbando.
"No tenemos a dónde meternos, nos iban a pagar seis metros y nada, nos iban a dar 2 millones de pesos por las cuatro propiedades", dijo indignada.
Doña Rosalía entraba y salía de su domicilio durante varias ocasiones sin saber qué hacer, contestando las llamadas de sus familiares en el celular.
Colchones, camas, roperos, artículos electrodomésticos, televisores, ropa y menaje quedaron afuera de su domicilio, pero había una mudanza para trasladarlos contratada por parte del municipio.
Con un hijo internado cuestiona al alcalde
Esthela Cruz, con 50 años, cuyo hijo Alejandro, de 28 años de edad, se encuentra enfermo de gravedad por un riñón y está internado en el hospital, denunció que no le dieron tiempo de preparar el desalojo, pues se encontraba en el trabajo.
La residente del 613 de Vasconcelos indicó que había pactado una indemnización de 800 mil pesos, pero cuyo valor podría ascender a los 2 millones 700 mil pesos.
Sin embargo, el municipio no dio tiempo para tramitar una carta de liberación de gravamen, para que ascendiera el valor de la propiedad.
"Hice mi contrato de compra-venta con el municipio, a mí solo me faltaba la carta de liberación de gravamen y la tenía en proceso, ya la había pagado, y el juez había liberado todo.
"Yo hice un contrato de compraventa con el municipio y el municipio fue el que me dijo que no se podía construir en menos de tantos metros. Yo jamás me negué, ¿por qué están haciendo eso? A mí también me van a desalojar. A mí me dieron 800 mil pesos”, dijo.
Recordó que su hijo está en el hospital y que la autoridad no dio margen para poder sacar sus muebles. "Ahí está mi hijo tirado en el hospital, no sé por qué está haciendo esto el alcalde", lamentó.
Victoria recibió amenazas para irse
Para Victoria Domínguez, quien vivía en una casa heredada por la familia de su esposo, el desalojo fue a base de amenazas por parte de un funcionario para firmar la venta de su propiedad, y explicó que tras el reclamo, el hombre fue cesado.
"Me dijo: ´Si no firma, le tiró su casa´, así me dijo, si no firmaba de que vendía la propiedad", narró a MILENIO.
Se le cuestionó si recibió amenazas.
"Sí, en serio, eso es cierto y la persona que me amenazó ya la corrieron, por lo mismo, parece que se pasó", respondió.
Acompañada por su hijo en la puerta de su hogar, Victoria señaló que el modo en que el gobierno municipal de San Pedro lo hizo “no son formas”, pues ni siquiera les dio tiempo para maniobrar y organizar sus pertenencias.
"De Corregidora a Jiménez, todos estábamos conscientes de esto, pero lo que nos parece exagerado e injusto son la maneras. La gente se está llevando las cosas como pueden, por ejemplo, ¿yo a dónde me voy? Yo solo pedí tiempo, nos pagaron lo que es la herencia de mi esposo, se vendió el frente de 6 metros por 8 metros.
"Les dieron un millón 250 mil pesos a mi esposo y a los demás un millón 300 mil, y aquí fácil hubieran sido 2 millones de pesos por los terrenos”, dijo.
“Ya habíamos llegado a un arreglo”
El joven, cuyo padre es dueño de un taller de soldadura en el número 607 de la avenida Vasconcelos, comentó que estuvo en desacuerdo por el operativo realizado este miércoles por la mañana.
Indicó que no hubo un aviso previo para poder mudarse y todo fue inmediato.
"Estamos en contra porque no nos habían dicho nada, ni ningún aviso y luego de repente llegan y nos empiezan a decir que ya nos van a sacar, cuando yo en realidad estaba platicando con varios vecinos. Me están diciendo que los están desalojando, y está mal, ¿por qué no te avisan?
"¿Cómo quieres que nos sintamos?… Ya habíamos llegado a un arreglo, pero no pueden llegar solamente a decirte: ´Ya los vamos a sacar´, tiene que haber de perdido un periodo para que tú digas, ellos te avisan: ‘oye, vamos a tumbar en el día, y cierto día previo para poder sacar las cosas, vamos a demoler tal día’, y no te pueden sacar así", explicó.
El joven encargado del taller de soldadura platicó que iban a cumplir dos años en ese establecimiento y desconoció la forma en que el dueño realizó las negociaciones para una indemnización con el municipio.
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