Son las seis de la mañana y Andrea prepara el desayuno. La jornada parece rutinaria, sin sorpresas: llevar a sus hijos a la escuela, trabajar, buscar un hueco y dedicarse un tiempo para sí misma. Es 2018 y Andrea junto con sus niños llevan casi un año en la casa que encontraron después de que el megasismo del 19 de septiembre de 2017 derrumbara el hogar en el que decidieron reinventarse en la Ciudad de México, tras pasar unos años en Phoenix, Arizona. Muchos de sus sueños y pertenencias quedaron sepultados bajo aquellos escombros.
Pero lo que quedó intacto de aquella ilusión por haber regresado a su país natal, pronto se perdería: una pesadilla inmobiliaria apenas estaba por comenzar.
Veintitrés tipos entraron por la fuerza a su casa. Andrea estaba acorralada en la cocina, fue amenazada y amedrentada. Uno de los hombres le dijo que estaban allí para desalojarla, pero que si les daba 30 mil pesos en ese momento, se marcharán de inmediato. Los bravucones llegaron sin avisar, aprovecharon el factor sorpresa además del miedo de sus víctimas y su desconocimiento sobre los procesos de desalojo.
Andrea se negó a ser extorsionada, y, en medio del caos, se centró en que sus hijos se fueran a casa de la vecina para no presenciar la humillante escena. Y, mientras todo eso sucedía, esos hombres a los que Andrea jamás había visto antes, sacaron a la calle su ropa, sus muebles, sus libros, sus cosas. Además le robaron dos cámaras fotográficas y dos computadoras.
A esta familia la echaron de su casa sin saber si se había celebrado un juicio de desalojo, si hubo algún tipo de proceso legal o una sentencia para ello.
Más allá de este caso de ilegalidad extrema, que vulnera no sólo el derecho constitucional a tener una vivienda digna sino también el de privacidad, seguridad e integridad de cualquier persona, hay que agregar que Andrea fue estafada desde el momento en el que alquiló ese departamento, pues la persona que se lo rentó no era el dueño del inmueble, sino un farsante haciéndose pasar por el propietario.
Sucedió que con el paso de los meses, debido al impago de una hipoteca, el verdadero propietario perdió la vivienda y esta fue rematada por un banco. Ignorante de esa situación, Andrea y sus hijos vivían ahí. Pasó poco tiempo para que una nueva propietaria, sin más, contratara los ‘servicios’ de maleantes que se alquilan al mejor postor para realizar un desalojo forzoso, violento e ilegal.
Así, Andrea fue víctima de una doble estafa: primero, con el engaño de un falso propietario y luego, con un desalojo que jamás le fue notificado. Las imprecisiones jurídicas y lo blando de las leyes mexicanas en materia de vivienda permiten este tipo de casos donde el abuso es la norma.
Desalojos al alza
Los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) muestran, además, que los desalojos en los que ha sido necesaria la intervención de la fuerza pública crecieron 32 por ciento entre 2019 y 2022.
En un documento de la Coordinación General de la Policía Metropolitana, solicitado por MILENIO, se muestra que en 2022 el número de desalojos –tras dos años de parón pandémico, cuando muchos tribunales cerraron y los procesos se detuvieron o, literalmente, quedaron en el olvido– se disparó a los mil 67 casos, alcanzando un récord histórico.
Desde 2016, cuando se efectuaron 482 desalojos de este tipo, el número de casos ha crecido, pero jamás en un número tan alto como el del año pasado. El más cercano fue en 2021, con 819 casos, semejante a la cifra de 2019, cuando hubo 809. En 2020, el año más afectado por la crisis de salud mundial, solo se reportaron 370.
Ahora bien, los datos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SSC muestran que la cantidad de solicitudes de uso de corporaciones policiacas para realizar desalojos supera 4 a 1 a la cifra de expulsiones de vivienda realmente efectuadas.
Mientras que en 2022 hubo casi 4 mil requerimientos de desalojo, los elementos de la fuerza pública sólo acudieron a poco más de mil expulsiones de vivienda. En 2021, las solicitudes de este tipo fueron 2 mil 900; en 2020, 2 mil 200; en 2019, 3 mil 800; y en 2018, 3 mil 729.
Limbo jurídico
El artículo 4 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna. Pero los temas referentes a la vivienda, a la propiedad de la misma, así como a los derechos y obligaciones de los propietarios y de los inquilinos, no son, en absoluto, sencillos de comprender sobre el cómo y cuándo se puede y debe efectuar un desalojo.
Como suele suceder en México, la ley luce muy bien en el papel. Pero en la realidad primero hay que saber que para que un desalojo sea viable es necesario que se celebre un proceso judicial, que todos los recursos legales para la defensa del mismo se hayan agotado, y que exista una sentencia irrevocable.
“Un desalojo procede luego de hacerse el emplazamiento en forma adecuada, escuchar a las partes, y, en general, de haberse agotado el juicio en todas sus etapas”, explica la magistrada de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Roslaba Guerrero, en la página oficial del Poder Judicial de la capital. Sin embargo, el proceso se puede enmarañar dependiendo del caso.
Maria Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), explica a MILENIO que la complejidad del tema recae en varios factores: uno de ellos es la falta de una legislación inquilinaria específica y equilibrada respecto de los derechos tanto del propietario como del inquilino. Revela que muchas personas en situación de extrema vulnerabilidad y víctimas de desalojos forzosos o ilegales, nunca pudieron activar métodos lícitos para defenderse de algún tipo de abuso o de estafa debido a la falta de recursos, y al muy bajo número de abogados de oficio o pro bono.
En México, “el código civil, en esta materia, es escueto y poco garantista. Además, la corrupción, la impunidad, los procesos judiciales que se resuelven con documentación falsa o irregularidades en las notificaciones, hacen que este tema no sea fácil de enfrentar”, agrega la experta en materia de vivienda.
Emanuelli sostiene que su organización defiende el derecho a la vivienda adecuada y que, de entrada, todos los desalojos forzosos violan ese derecho. No obstante, aclara que la ONU sí establece que, bajo algunas circunstancias, es posible efectuar un desalojo de manera justificada, por ejemplo, ante un impago o la destrucción de la vivienda y los bienes dentro de ella, así como la comisión de algún delito en el inmueble. Existen desalojos que son hechos con base en la ley, o que suceden tras un acuerdo pacífico y mutuo entre las partes.
Pero, claramente, esos casos no representan la realidad de Andrea y su familia.
Aunque existan causas que justifiquen un desalojo, esto no garantiza que no se violen los derechos de las personas. “Hay situaciones en las que un desalojo puede ser efectuado porque se cumplen las condiciones necesarias, y a pesar de ello, el acto puede terminar siendo forzoso”, comenta Emanuelli, quien define a esos casos como “desalojos legales, pero que terminan siendo forzosos”.
Aunque haya existido un proceso y una sentencia, se violan los derechos de las personas cuando, por ejemplo, se desaloja a una persona que es vulnerable por motivos de edad o económicos, sin que el Estado le haya brindado una opción de vivienda alternativa, también cuando hay niños de por medio o cuando el inquilino tiene alguna discapacidad.
“Casos como esos, los tendría que resolver el Estado”, sostiene Maria Silvia Emanuelli, cuya experiencia le indica que las autoridades mexicanas no observan suficientemente el estándar del derecho humano a la vivienda, y que los jueces no suelen analizar los casos civiles a la luz de este derecho.
El alto número de desalojos que registra la fuerza pública en la capital del país podría señalar que, de alguna u otra forma, la ley se hace sentir y cumple alguna función. Sin embargo, hay otra parte de la historia en la que existen desalojos ilegales, aquellos que no se originaron a partir de un proceso judicial y, si lo hubo, estuvieron viciados de origen., como en el caso de Andrea.
Abundan las historias donde un abogado corrupto altera el proceso de notificación, o cuando se expiden órdenes apócrifas de desalojo. Ahí no sólo permea la ilegalidad, sino una flagrante violación de derechos. “Recibimos muchísimas denuncias por documentos alterados o procesos corrompidos”, informa Emanuelli, de HIC-AL.
Pero, ¿es posible saber cuántos desalojos ilegales y violentos se efectúan cada año en la capital mexicana? No existen datos oficiales y acaso esas cifras solo las podrían calcular quienes operan en las mafias inmobiliarias que contratan extorsionadores y maleantes para dejar a la gente, literalmente, en la calle.
Silencio administrativo, impunidad y desamparo
Tragándose las lágrimas, Andrea recogió de la acera todas sus cosas. Dos días estuvieron sus pertenencias en la plaza de estacionamiento en el edificio del que fue echada por la fuerza en condiciones insultantes. Luego, llevó todo a una bodega. Días después volvió a emigrar con sus hijos a Estados Unidos.
“Fue humillante, sentí una impotencia indescriptible –insiste Andrea con ceño fruncido y dientes que rechinan de rabia–, jamás me notificaron algo, nunca me llegó una carta, nadie me dijo que me tenía que ir. Entraron por la fuerza, y lo que no se robaron lo dejaron en la calle”.
Por no dejar y aún confiando en que las autoridades pudieran hacer algo al respecto, en su momento la protagonista de esta arbitrariedad levantó un acta en el ministerio público para denunciar el delito. ¿El resultado? Silencio administrativo, que solapa una rampante impunidad y se traduce en desolación y desamparo para cientos o miles de personas.
HCM