La presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso del estado, Susana Ángeles Quezada, descartó que los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo (ITAIH) corran el riesgo de ser revocados de sus cargos.
Esto tras el amparo presentado por un ciudadano ante el Juzgado Segundo de Distrito quien reclama que no le fueron explicadas las razones de por qué no fue elegido para pasar a la segunda etapa del proceso de selección de los comisionados.
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Ángeles Quezada dejó en claro que el proceso de la selección de los comisionados del ITAIH está concluido y apuntó que los requerimientos del Juzgado sobre el amparo tienen que ver con la Comisión que preside y no con el Congreso del estado.
El 17 de diciembre del 2019 los diputados locales tomaron protesta a los cinco nuevos comisionados y comisionadas del Instituto: Evelia Elizabeth Monribot Domínguez quien durará en el cargo siete años; Luis Ángel Hernández Ríos y Myrna Rocío Moncada Mahuem, quienes durarán seis años como comisionados; y Raúl Kennedy Cabildo y Sigifredo Mercado quienes durarán cuatro años en el puesto.
De acuerdo con el dictamen de su designación los ahora comisionados cuentan con las cualidades para ocupar el cargo así como las aptitudes, experiencia y los conocimientos en aspectos de acceso a la información, transparencia, protección de datos personales y conservación y administración de archivos.
“Después del análisis jurídico que hemos realizado yo no veo ese riesgo (de que sean revocados), creo que esto se ha dado más de manera mediática por una interpretación inexacta de lo que pudiera significar esto de suspender un proceso, un proceso que ya no está en curso”, sostuvo la diputada.
Sin embargo, mencionó que en un escenario de que se llegara a dar una revocación del cargo de los comisionados el perjuicio contra la sociedad será mayor que el beneficio que le otorgue la ley a la persona que se amparó.
“Si dejamos sin comisionados al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información entonces no tendríamos claridad de quién va a estar garantizando el derecho al acceso a la información de los ciudadanos”, dijo.
Consideró que lo más importante es que el Poder Judicial pueda constatar que existe la disposición de la Comisión de cumplir con lo que ordena, “desde luego dentro del margen de lo posible y que existe la disposición de buscar salidas alternativas que al mismo tiempo que se garanticen los derechos del ciudadano no se perjudique a la sociedad hidalguense”.
Recordó que la quema principal del ciudadano que presentó un amparo fue sobre una presunta falta de información en un informe.
“Y cuando recibimos la notificación de que el asunto se había sobreseído fuera de audiencia es porque se pudo demostrar que el informe estaba completo conforme a lo que solicitaba la norma legal, inclusive dimos más información por eso se sobreseyó, lo que vino después es parte de los derechos del ciudadano pero ya es una cuestión más procesal-jurídica y mediática que una situación de fondo”, precisó.
Añadió que el ciudadano no pudo demostrar la experiencia destacada que se solicitaba en la convocatoria. “No es lo mismo el que cualquiera de nosotros pueda tener un curso online una semana en temas de transparencia y decir que con eso ya soy una persona con experiencia destacada”, concluyó.