Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización de la interrupción del embarazo en su etapa inicial, especialista teme que la decisión abra la puerta a la impunidad, porque ahora no tendrá que haber denuncia de por medio para que a las víctimas de violaciones sexuales se les permita someterse a un aborto.
Gabriela Ibarra Lozano, abogada penalista y exprocuradora de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del DIF Altamira, expuso que se trata de un fallo para el estado de Coahuila pero que impactará en todas las entidades, por lo que los Poderes Legislativo y Judicial de Tamaulipas deberán acatar el criterio en su momento.
Sin embargo, la especialista ve riesgos en esta aprobación, pues señala que ya no tendrá que haber una investigación para que a víctimas de violación se les permita abortar; cualquier mujer lo podrá hacer sin justificar sus motivos.
“Se van a ir a la sombra muchos casos de violación sexual, sobre todo aquellos cometidos en contra de menores de edad, pues actualmente el aborto se permite a las víctimas de estos hechos, mediante una denuncia e investigación; al despenalizarse será una práctica común y una manera fácil de enmascarar estos hechos”.
Además, Ibarra Lozano demandó reforzar los programas de educación sexual entre adolescentes y jóvenes, de tal manera que sean médicos y especialistas los que acerquen esta información en las escuelas pues considera no es labor para la que están preparados los maestros.
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“Es muy importante tomar en cuenta a las asociaciones de padres de familia, incluirlos en la educación sexual, pero que sean los especialistas quienes se responsabilicen de la misma, los maestros no son los más indicados para tan delicada labor”.
En Tamaulipas, de acuerdo al artículo 356 del Código Penal, comete el delito de aborto quien priva de la vida al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.
Sin embargo, no se sancionará cuando sea causado solo por imprudencia de la mujer embarazada; cuando el embarazo haya sido resultado de una violación y cuando de no provocarse dicha interrupción, la mujer corra peligro de muerte o de un grave daño a su salud a juicio del médico que la asista, oyendo este la opinión de otro doctor, siempre que fuere posible y no implique riesgo la demora.