En un momento en que el área metropolitana de Monterrey es castigada por una crisis de agua, el gobierno de Nuevo León ha desaprovechado durante más de una década la concesión que le entregó la Comisión Nacional del Agua para extraer del río Pánuco millones de metros cúbicos del vital líquido al año.
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Desde diciembre de 2011, la Conagua concedió a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD), un título de concesión que tendría una vigencia de 30 años por 473 millones de metros cúbicos al año.
Es decir, un gasto constante de 15 metros cúbicos, sin que hasta la fecha se haya utilizado o concretado y de acuerdo con la paraestatal AyD, solo utilizaría la tercera parte del volumen establecido en la autorización.
La concesión fue entregada en aquella ocasión por parte de José Ramón Ardavín, quien era subdirector de Conagua, al entonces gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, en el patio central de Palacio de gobierno.
El último intento para aprovechar ese título de concesión fue cuando el mandatario estatal priista promovió el proyecto hidráulico Monterrey VI, que abarcaba las obras de construcción de un acueducto de 372 kilómetros con 6 estaciones de bombeo para ampliar la cobertura de siete a 13 municipios de Nuevo León del río Pánuco por lo menos por los próximos 50 años.
La primera etapa del proyecto buscaba extraer 6 milímetros cúbicos por segundo de agua y la segunda de 9 milímetros, a través de una tubería de 84 pulgadas de diámetro con capacidad de conducir entre 6 y 13 milímetros cúbicos por segundo.
El acueducto fue diseñado para transportar 5 metros cúbicos de agua desde la cuenca del río Pánuco, en el estado de San Luis Potosí, hasta Monterrey.
Su edificación tendría una inversión por un monto de 62 mil millones de pesos pagables a 27 años.
Sin embargo, el anterior gobernador Jaime Rodríguez expresó en 2017 que extraer agua de una fuente tan lejana representaba un costo oneroso de 62 mil millones de pesos, cantidad que equivale a más de la mitad de la deuda total del estado, y que enfrentaría las consecuencias legales por la revocación del contrato.
Por ello, en abril de 2017, una de las primeras acciones del gobierno independiente fue la cancelación del proyecto Monterrey VI, que en 2019 fue sustituido por el Plan Hídrico Estatal 2030, un proyecto del Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey con tres ejes: nuevas fuentes, eficiencia y agua residual tratada.
Es este proyecto que sustituirá al anterior, el primer eje contempla la construcción de la presa Libertad, con capacidad de 220 milímetros cúbicos para un caudal de mil 500 litros por segundo, así como la perforación de 23 pozos someros en el área metropolitana de Monterrey, para un caudal de 755 litros por segundo.
El eje de eficiencia se refiere a macrosectores que suministran el gasto y la presión, disminuyendo el consumo en mil 230 litros por segundo.
Para el eje de agua tratada, las mejoras en calidad y su disponibilidad 24/7 permitieron incorporar más empresas, logrando dejar el agua de primer uso para la población.
Cabe destacar que al proyecto de Monterrey VI también se opuso un grupo de empresarios regiomontanos, sin que de su parte hubiera propuesta alguna para solucionar el problema de escasez en la zona metropolitana.
En su momento, analistas consideraron que este rechazo tuvo un trasfondo político que tenía como fin dar un revés de la iniciativa privada regia al entonces gobernador Medina.
El proyecto fue atacado por presuntamente representar sobrecostos, pero no hay nada más caro que lo no existe, y hoy Monterrey sigue sin agua suficiente.
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