El presidente de la Federación del Transporte Colectivo del Estado de Jalisco, Enrique Galván Vargas, anunció que son diez las rutas que se suman al sistema de Prepago alterno que impulsa.
Reiteró que “no hay impedimento” para que las rutas 624, 626, 24, 645, 625, 619-A, 358, 70, entre otras, integren su propio mecanismo.
Sin embargo, admitió que no llegar a un acuerdo con el gobierno del Estado con respecto al Fideicomiso, el tema podría llegar a los juzgados, ya que están en contra de que intermediarios manejen los recursos.
“La tarjeta coincidirá con el sistema general que opere el Estado, pero los centavos que caigan a la empresa que le corresponde. Jineteos de nada, ni de nadie. Actualmente, la empresa TISA que maneja los pagos de Mi Pasaje te tarda hasta 30 días para entregar el dinero”, acusó.
Afirmó que obtuvieron un amparo para que se modifique el reglamento que los obligaría a sumarse a Fideicomiso, y desestimó las acciones jurídicas que pudiera emprender la Secretaría de Transporte, como la revocación de las concesiones.
“Que los inicie. Te pongo un ejemplo, la 626 tiene un procedimiento de revocación huy desde hace muchos meses, de reversión; huy de hace muchos meses. No es nomás decir, cómo bien lo dijo el gobernador no es sencillo. Es un proceso y bien largo”, ironizó.
El líder transportista, insistió que es necesario se transparente el manejo de los recursos en el Sistema de Prepago y reiteró que no permitirá que este tema se convierte un negocio del Gobierno del Estado.
“Hay una incongruencia, dice que el Fideicomiso va a ser operado por permisionarios, subrogatarios y concesionarios, pero luego dice que el Comité Técnico habrá mayoría por lo que sería un monopolio operado por el Gobierno del Estado”, dijo.
En entrevista, informó que después de 10 años, obtuvo un fallo favorable y la Secretaría de Transporte tendría que pagarle 50 millones de pesos al concesionario de la ruta 24, por la retención indebida de camiones durante una manifestación a las afueras del Congreso del Estado en agosto del 2009.
Ese año, la autoridad envió al corralón 17 camiones que permanecieron 14 meses encerrados.
La resolución la emitió el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo.
“Es inapelable, ya ni la Fiscalía General, ni la secretaría de transporte presentaron revisión, ya únicamente es para cobrar; y el proceso de cobro pues ellos defenderán si es esa cantidad o es menos, ellos tendrán su derecho y es un proceso que dura de seis a ocho meses”, apuntó.
MC