Diputados en Guanajuato buscan aumentar pena mínima por homicidio

Con la iniciativa propuesta por diputados del PRI en el Congreso de Guanajuato, busca incrementar la pena mínima de prisión por homicidio de 10 a 15 años.

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Guanajuato.- /

Debido a que Guanajuato se encuentra entre los cinco estados con mayor incidencia en homicidios a nivel nacional, diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local presentaron una iniciativa para incrementar la pena mínima de prisión por homicidio simple doloso en el estado.

La iniciativa busca incrementar la pena mínima de prisión de diez a quince años, a efecto de que los sentenciados por este delito no obtengan su libertad condicionada en cinco años, cuando se les aplica la pena mínima, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal.

El diputado Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, señaló que la consolidación de la delincuencia ordinaria encontraba un apoyo importante en el sentimiento colectivo de inseguridad ciudadana y que existía una preocupación en general sobre la delincuencia, así como el temor a ser víctima de un delito.

“Mediante la actividad legislativa debemos apoyar a las autoridades de procuración y administración de justicia, así como a la ciudadanía, con acciones legislativas como la que se presenta para incrementar la pena mínima del delito de homicidio simple o básico doloso, para que los homicidas no obtengan su libertad en cinco años cuando les es aplicada la sanción mínima de diez años de prisión, que se impone por este delito”, enfatizó el congresista.

Alfaro Reyes manifestó que con el incremento del rango mínimo de la pena de homicidio simple doloso a quince años, el sentenciado por ese delito obtendría su libertad condicionada en siete años y medio, lo cual resultaba más proporcional al delito de homicidio, por ello, se considera que dicho incremento del mínimo de la pena en el homicidio simple doloso no vulneraba ninguna disposición constitucional.

Finalmente, subrayó que con esa medida se coadyuvaría con las autoridades del Sistema de Justicia Penal para evitar que un homicida obtenga beneficio de libertad condicionada en cinco años y el incremento en el mínimo de la pena a quince años de prisión lo consideraban proporcional al bien jurídico afectado en el homicidio doloso y, en consecuencia, remediando en parte el sentimiento social de no se castiga en forma justa a quien comente ese delito.

AIIL 


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