Autoridades del gobierno de Ecatepec informaron que la demolición de una barda perimetral en la unidad habitacional Colonial Ecatepec se realizó para cumplir una resolución jurídica, debido a que la construcción invadió un área de uso común, lo que propició la inconformidad de algunos vecinos que denunciaron el hecho.
Se dio a conocer que el procedimiento judicial se inició en 2017, por lo que el área de la Dirección de Desarrollo Urbano e integrantes de la policía local acudieron al domicilio para cumplir con el ordenamiento dictado por un juez para demoler la barda y desmantelar una cabaña de maderas finas.
Los servidores públicos consultados rechazaron que se hayan presentado en el sitio por una denuncia relacionada con la presunta venta de hidrocarburo robado o de autos robados, como lo dio a conocer la propietaria del inmueble casa 12, lote 6 en dicho fraccionamiento, Guadalupe Rocío Horta de León.
Explicaron que el juez al que se turnó este caso desahogó las pruebas en las audiencias que se realizaron hasta que se demostró que la construcción que mandó hacer la profesora Horta de León no fue en un área que le correspondiera a su propiedad, sino a una zona de uso común de los maestros que habitan este conjunto habitacional y de sus familias.
Añadieron que la abogada de la profesora tramitó un amparo que en su momento el juzgador admitió, pero que con las pruebas presentadas por los vecinos que demandaron, el juez dejó sin efecto el recurso presentado, por lo que se llevó a cabo la demolición.
Personal del ayuntamiento que participó en la demolición señalaron que para evitar la resolución, la profesora Horta de León ordenó a sus perros que impidieran su acceso, por lo que tuvieron que solicitar el apoyo de sus compañeros del centro de atención canina para que las mascotas fueran retiradas.
“Después sacó de su casa a su mamá que se encontraba en una silla de ruedas y la colocó al frente de la entrada, nuevamente para impedir que la diligencia se llevara a cabo, por lo que en esta ocasión se tuvo que solicitar la presencia de una ambulancia de Protección Civil que tuvo que trasladar a la señora de la tercera edad a otro domicilio”, aseveraron las autoridades.
Resaltaron que un dato importante es que la abogada de la profesora, es la actual regidora del PRI, Guadalupe Ríos Velázquez, quien le tramitó el amparo en 2017.
Finalmente manifestaron que la maestra “ofreció al personal de desarrollo urbano 500 mil pesos, a cambio de que no ejecutaran la orden de demolición, es decir que intentó sobornarlos”.
MMCF