La cartera vencida pendiente de cobrar por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMyM) asciende a más de 6 mil 457.9 millones de pesos por cuotas retenidas de manera ilegal por diferentes ayuntamientos, órganos autónomos, organismos de agua, organismos auxiliares y sistemas municipales DIF, que fueron descontadas a los trabajadores, pero no se entregaron al Instituto.
Por esa razón las comisiones analizan una iniciativa de Ley para castigar penalmente estas acciones con penas de hasta tres años de prisión a quien omita la entrega o lo haga de manera parcial, causando daño a las finanzas del ISSEMyM, que año con año termina con un millonario déficit presupuestal.
La propuesta, explicó Gerardo Ulloa Pérez, propone establecer un capítulo de delitos fiscales en el Código Financiero del Estado de México y sus Municipios y que el tipo penal sea "defraudaciones a los regímenes del ISSEMyM", para diferenciarlo del tipo genérico de defraudación fiscal, por lo que los entes públicos estarían obligados a la reparación del daño equivalente al monto de las cuotas y aportaciones de seguridad social omitidas.
El delito de defraudación al ISSEMyM, informó, se sancionará con un incremento de la pena con el doble de lo establecido para el delito de defraudación fiscal, la cual actualmente se castiga con penas que van de tres meses a tres años, dependiendo de la cantidad omitida.
Terminar con la impunidad
En la reunión el procurador fiscal José Manuel Miranda reconoció que es una iniciativa noble y lo más conveniente es que las cuotas se entreguen en tiempo y forma, sin causar afectaciones, pero si analizan la legislación esta falta ya está considerada como delito fiscal, por lo cual es necesario analizar bien el tema para no duplicar faltas.
Los diputados Faustino de la Cruz y Gerardo Ulloa cuestionó que si esta falta ya es considerada como delito porque no han aplicado sanciones y han dejado crecer la deuda y sobre todo causar graves daños al instituto, el cual atraviesa por graves problemas financiero que ponen en riesgo el servicio de salud a la población derechohabiente y el pago de pensiones.
La Fiscalía de Justicia hizo también observaciones y consideró que ya está considerado en la norma, pero Gerardo Ulloa precisó que es necesario sacar adelante el tema porque urge terminar con la impunidad y fortalecer al Instituto, aunado a que en la propuesta también consideran sancionar a los funcionarios del Instituto que no presenten la querella correspondiente y dar facultades al Órgano Superior de Fiscalización para presentar las denuncias correspondientes.
Detalló que, de acuerdo con el Informe Anual 2020 presentado por el Instituto, al 31 de diciembre de 2020 se obtuvieron ingresos totales por 25 mil 313.2 millones de pesos y se emplearon 26 mil 579.6, lo cual representó un déficit de mil 266.4 millones.
Por esta razón, continuó, el Instituto ha buscado alternativas para capitalizarse, entre estas, la subasta de 22 inmuebles mediante los cuales espera recibir al menos 328 millones, que no ayudarían a sanar sus finanzas, pues solo representaría 25.9 por ciento del total del déficit.
RARR