El jueves 29 de noviembre, el diputado local de Morena, Rafael Garnica Alonso, presentó una iniciativa para declarar las peleas de gallos como patrimonio cultural intangible en el estado de Hidalgo.
Ante esta acción, activistas por los derechos de los animales pronunciaron su completo rechazo.
“Aquí el punto está muy claro, en ninguna ley está legalizado el sufrimiento de un ser sintiente; ellos (diputado y galleros) lo tendrían que fundamentar y motivar, no lo van a hacer, por lo tanto esa iniciativa debe ser desechada; y si la autorizan, entonces nosotros como sociedad tenemos que encontrar acertadamente el interés jurídico para que esa iniciativa –a través de un amparo- se vaya para atrás”, resolvió Daisy Espinosa Carrillo, abogada y docente.
Argumentó que el dolor de un ser sintiente no puede estar debajo del derecho al trabajo, y mencionó el caso actual que se presentó en el estado de Veracruz, luego del amparo interpuesto por la Comisión Mexicana de Promoción Gallística, en el cual la Suprema Corte de Justicia determinó que la prohibición de las peleas de gallos era constitucional.
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Mediante un comunicado, la Corte argumentó: “si bien las peleas de gallos son una expresión de una determinada cultura, ninguna práctica que anteponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales puede considerarse una expresión cultural amparada por la Constitución”.
Ante ello, Espinosa Carrillo aseveró que se trata de un avance radical para erradicar estas prácticas en todo el país y que espera que los activistas hagan uso de esta disposición para seguir peleando por el bienestar animal.
“Una asociación civil o nosotros como ciudadanos tenemos que comprobar la afectación al interés jurídico (…) las autoridades solo están enfocados en no maltratar a los perros, y no, la ley es muy clara e incluye todo tipo de fauna, incluso la silvestre”.
Para la abogada y escritora, el gremio gallístico ha contextualizado mal la defensa de esta actividad, lo cual ha sido aprovechado por los empresarios, “como las corridas de toros, son intereses empresariales”.
Puntualizó que si el Congreso aprueba esta iniciativa, demostraría que no se trata de un gobierno justo, “nadie puede engalanarse como impartidor de justicia –llámale gobierno, procuraduría, llámale activista- si no cuenta con sensibilidad, o sea, una persona que quiere ponerle el título de cultura al sufrimiento de un ser, es insensible, y si se es insensible, es incapaz, entonces se trataría de un gobierno que es incapaz de proceder bajo el término justicia”.