A un año de la creación del Registro de Deudoras y Deudores Alimentarios Morosos están inscritos en él solo cinco personas, todos ellos hombres quienes han incumplido con la pensión alimenticia de sus hijos.
De acuerdo con la Dirección General del Registro del Estado Familiar, encargada del Registro de Deudores, los jueces han resuelto la inscripción de tres hombres en Actopan, uno en Tulancingo y uno en Tula.
Pese a que los cinco hombres están inscritos en el Registro, la Dirección General no cuenta con la información sobre el número de pagos que dejaron de cumplir ni el monto al que ascienden.
El 20 de mayo de 2021, con 26 votos a favor los diputados locales de la LXIV legislatura aprobaron las reformas a la Ley de la Familia del Estado de Hidalgo con las que se creó el Registro de Deudoras y Deudores Alimentarios Morosos.
Las reformas establecen que toda persona obligada al pago de pensión alimenticia mediante sentencia firme o convenio debidamente ratificado ante el juez de conocimiento que incumpla con la obligación de dar alimentos por un periodo de tres meses consecutivos o discontinuos en un año se constituirá en deudora alimentaria morosa, salvo que acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda, o bien, formalice el descuento correspondiente.
De no desvirtuarse este incumplimiento el juez de lo familiar ordenará de inmediato su inscripción en el Registro de Deudoras y Deudores Alimentarios Morosos. La persona deudora alimentaria morosa que acredite ante el juez de conocimiento haber cumplido con el pago correspondiente podrá solicitar la cancelación de la inscripción.
El Registro del Estado Familiar tendrá a su cargo el Registro de Deudoras y Deudores Alimentarios Morosos el cual contendrá: nombre, apellidos, Clave Única de Registro de Población de la persona deudora alimentaria morosa, nombre de la acreedora o acreedor o acreedores alimentarios.
Así como los datos del acta que acrediten el vínculo entre la persona deudora y la o el acreedor alimentario, en su caso; el número de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario a ese momento; órgano jurisdiccional que ordena el registro; y los datos del expediente del que deriva su inscripción.
El Registro estará a disposición de toda persona que acredite legítimo interés. Los Oficiales del Registro del Estado Familiar expedirán certificados de No inscripción o Inscripción en el Registro de Deudoras y Deudores Alimentarios Morosos con base en las constancias que obren en su poder previo pago de los derechos correspondientes.
El 15 de junio de 2021 se publicaron en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) las reformas a la Ley de la Familia con lo que entró en vigor la creación del Registro de Deudoras y Deudores Alimentarios Morosos.
Los juzgados familiares, pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Hidalgo son los encargados de ordenar la inscripción de las personas incumplan con el pago de la pensión alimenticia.
El Registro del Estado Familiar llevará a cabo la inscripción al día hábil siguiente a la recepción del oficio judicial que así lo ordene y tiene la facultad de expedir certificado de inscripción o de no inscripción.
Al respecto, se implementó una plataforma que permite obtener el registro e identificación de deudoras y deudores alimentarios morosos, el cual es consultable por operadores de la Dirección General del Registro del Estado Familiar para obtener el certificado de inscripción o bien de no inscripción, según corresponda.
Conforme a los resultados que arroja la plataforma que se resguarda en la Dirección General del Registro del Estado Familiar, se expide certificado de inscripción o de no inscripción, el cual cuenta con código QR para su validación.
Las personas deudoras y deudores alimentarios pueden dejar de aparecer en el Registro toda vez que cumplan con sus obligaciones y el juez que en giró el oficio ordene su cancelación.
El pasado 24 de mayo legisladores de la bancada de Morena, el Partido del Trabajo (PT), del Partido Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentaron una iniciativa para crear la Ley del Registro Público de Agresores Sexuales.
De acuerdo con la diputada Vanesa Escalante Arroyo, la iniciativa tiene por objeto establecer las bases para la creación del Registro Público de Agresores Sexuales como un instrumento que permita contar con información de personas con sentencia firme en la comisión de los delitos de carácter sexual. La iniciativa se turnó a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para su análisis y dictaminación.