“Nada que curar”, es el grito de activistas y defensores de derechos humanos que festejan durante la madrugada del 26 de abril, que, después de seis años por fin el Senado aprueba la prohibición y sanciona los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig), también llamadas “terapias de conversión”, con las que se intenta obligar a las personas a cambiar su identidad sexual. A pesar de la legislación, en Jalisco prevalecen estas prácticas en centros de rehabilitación para adicciones que operan de manera irregular, de acuerdo con activistas.
“En Jalisco hay centros de rehabilitación muy clandestinamente y esto es lamentable porque deberían tener estos tres permisos, uno de centro de rehabilitación, un permiso para contar con un médico de cabecera y un psicólogo y lamentablemente no cumplen con estos criterios y en la parte operativa. Estas llamadas ECOSIG violentan los derechos humanos”, denunció José de Jesús Naranjo Dávalos, activista y defensor de los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+ quien además señaló que la mayor parte de los centros donde se realizan estas prácticas operan de forma irregular.
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“Son anexos donde encierran a las personas y están en zonas específicas fuera del alcance regular, donde entrar en camión es complicado donde muchos coches no pasan donde son difíciles de encontrar”, agregó.
El activista reconoció la importancia de la tipificación del delito para darle visibilidad a estas prácticas. Sin embargo, se requieren mecanismos para garantizar su erradicación.
“La tipificación es importante para darle visibilidad de que existen las terapias de conversión, de que han existido, hay varias investigaciones que aquí en Jalisco somos la cuna de las terapias de conversión históricamente; tenemos un gobierno anterior que a través de varios apoyos le dio financiamiento a asociaciones que llevaban estas terapias de conversión de manera general; tenemos varios centros que operaban en la clandestinidad y al final de cuentas son torturas”, señaló.
De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), medio millón de jóvenes han pasado por estas prácticas y 4 de cada 10 viven terapias de conversión; sometidos a maltratos como golpes, humillaciones, tortura y hasta abusos sexuales.
“Tuvimos hace tres años, si mal no recuerdo, un caso de una chica donde ella dijo que fue violada de manera correctiva, y ese fue el pretexto, que necesitaba una violación para que corrigiera su orientación sexual”, dijo Juan Carlos Becerra, integrante de la asociación civil Unión Diversa de Jalisco.
En 2022, el Congreso de Jalisco aprobó la prohibición de estas prácticas, que contemplaba únicamente sanciones económicas de los 4 mil 800 a los 28 mil 600 pesos. Sin embargo, con la reciente aprobación del Senado, de forma definitiva y a nivel nacional, quien realice las “terapias de conversión” podrá recibir sentencia de prisión de entre dos y seis años, así como una multa que oscila de 108 mil a 216 mil pesos.
Las sanciones, según la legislación, se impondrán a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que suprima la orientación sexual; la sanción aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
“El que se apruebe es el inicio de esta felicidad, pero es importante no quitar el dedo del renglón, porque falta la creación de todos estos protocolos de que baje, y las y los servidores públicos que estén en ventanilla sepan que esta ley ya pasó, que esto es real que existe y que las terapias de conversión es algo que ya está tipificado como un delito”, mencionó Naranjo Dávalos.
El activista destacó la importancia de que no se quede solo como una reforma, sino que pase de este aparato legislativo al operativo de una política pública con la creación de mecanismos necesarios para que pase de manera realista.
“Necesitamos esperar a que salga publicada como tal en el Diario Oficial de la Federación para ver en realidad como es que pasó, porque como tal no ha salido una minuta que nos diga cuál es la versión final; recordemos que en estos meses con toda la cantidad de reformas se ha hablado de parte de varias legisladoras y legisladores que no están pasando las reformas como ellos las están leyendo y desde los colectivos y el activismo tendríamos que presionar”, puntualizó.
Violaciones correctivas
De 2020 a la fecha, la Unión Diversa Jalisco tiene el registro de tres personas víctimas de violación correctiva en estos centros que prometen curar la homosexualidad y alrededor de 25 personas a las que intentaron llevar en contra de su voluntad a terapias de conversión. Juan Carlos Becerra, integrante de la asociación civil Unión Diversa de Jalisco, asegura que los casos más fuertes han sido estos, que fueron tres y más o menos unas cinco personas que desde un ámbito religioso estaban con este acompañamiento de terapia y les garantizaban que les iban a curar la homosexualidad.
MC