“Como un acto de civilidad y responsabilidad personal”, el ex tesorero municipal de León, Roberto Pesquera Vargas se entregó ayer ante las autoridades para atender las acusaciones en su contra por el delito de peculado y por las cuales se le giró una orden de aprehensión en su contra desde el año 2016 y ofreció reparar el daño al municipio.
El abogado del ex funcionario municipal, Raymundo Padilla Lucio, ofreció una atención a representantes de los medios de comunicación al término de la primera audiencia de declaración preparatoria en el Juzgado Tercero Penal, en las instalaciones del Poder Judicial ubicadas a un costado del Centro de Readaptación Social (Cereso) de León.
El defensor no proporcionó información sobre la ubicación del ex funcionario desde que le dictó la orden de aprehensión, ni el motivo por el que tardó más de dos años en atender el requerimiento judicial, esto, “por secrecía profesional”.
“Se va a pagar con la reparación del daño íntegramente, él lo pidió en forma voluntaria, él se entregó voluntariamente, no hay ninguna violación, todo está apegado a derecho y es una manifestación unilateral de que debe dar cumplimiento a lo que él se le imputa, y quiere dar la cara ante la sociedad”, expresó el defensor, quien luego precisó que el monto para resarcir el daño supera el millón 500 mil pesos.
En la audiencia se levantó la declaración preparatoria en la que se le hicieron saber sus derechos como acusado, y se omitió la lectura de todos los tomos, constancias y archivos, ya que tanto la parte acusada como su defensa ya tenían conocimiento del caso.
Con la lectura del acta de la orden de aprehensión fue suficiente para dar por concluida la primera audiencia, que duró alrededor de dos horas, y después Pesquera Vargas fue puesto a disposición de las autoridades penales para trasladarlo a prisión preventiva.
Como sucedió con las acusaciones y proceso que aún enfrenta la ex alcaldesa, Bárbara Botello Santibáñez, este proceso penal se lleva a cabo en el antiguo sistema acusatorio, por lo que en su momento, también se solicitará trasladar el caso hacia el Nuevo Sistema, para que en su caso, se apliquen las bondades que permite el nuevo esquema, como el enfrentar el proceso en libertad condicional.
“Él está de acuerdo con la acusación, pueden ver las constancias y está de acuerdo con los hechos que se le imputan, para no entrar en polémicas, que tiene defensa, ¡tiene defensa!, hemos ganado amparos que nos dicen otra cosa”, señaló el abogado.
Añadió que el hecho de que se haya declarado culpable y haya propuesto resarcir el daño son muestras de la voluntad que el ex funcionario tiene para demostrar y aplicar en su momento “actos de benevolencia” con las que cuentan las leyes en la materia.
Padilla Lucio fue enfático al señalar que las defensas de Pesquera y Botello llevan dos directrices distintas y con argumentos que no están vinculados, por lo que los procesos y “beneficios” que pudieran resultar de un caso o de otro no están entrelazados.
“La reparación del daño se va a cubrir, él incluso pidió que se le expidiera su certificado para hacer el pago correspondiente, no puede exhibir el dinero porque no está permitido, pero hay medios, como convenios con bancos, para hacer la reparación correspondiente y a disposición de quien lo merezca”, reiteró el abogado.
La juez encargada del caso, Cristina Rábago Morales, quien también lleva el caso contra la ex presidente municipal de León, Bárbara Botello Santibáñez, es quien determinará quién o qué instancia es la merecedora de la reparación del daño ofrecida por Pesquera Vargas.
“Nosotros no estamos pidiendo ni una duplicidad de término ni nada, procesalmente conocemos el tema y no hay para qué agotar ni apresurarnos, tenemos promovido un amparo y no hay ningún problema en ello”, agregó el abogado.
Sobre el sitio o el lugar donde Pesquera Vargas cumple su detención preventiva, su defensor detalló que acorde a lo que establece las leyes, se debe encontrar en un área aparte a quienes ya fueron sentenciados o cumplen una condena. De ahí en fuera, desconoce el estado de las instalaciones o la ubicación exacta donde el ex funcionario dormirá mientras se le retira la prisión preventiva como medida cautelar.