La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició formalmente el análisis y discusión de la controversia constitucional que entabló el ayuntamiento de Tlaquepaque contra el ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, por desarmar y tomar el control de la Comisaría de Seguridad Pública el pasado 11 de marzo, argumentando infiltración del crimen organizado.
“La controversia constitucional se turnó a la primera sala de la SCJN”, anunció la alcaldesa, María Elena Limón García, quien dijo que buscan sentar un precedente al considerar que esa intervención simplemente fue inconstitucional.
“Lo que buscamos es justicia, porque fue un acto que no se justificó, un acto que no tuvo las bases para haber intervenido, y todo acto que no está apegado a la ley tiene que ser castigado”, argumentó.
Limón García, recordó que el ex Fiscal General de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, nunca demostró que la policía de Tlaquepaque estuviera coludida presuntamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Nunca tuvieron pruebas, pruebas fehacientes para haber intervenido la seguridad pública, solamente llegaron, la intervinieron y bueno, esto trae repercusiones de índole moral para muchos de los elementos que se sintieron ofendidos y los ciudadanos que también sufrieron una crisis esos días. Creo que es justo que se apegue todo a la Ley”, dijo la presidente municipal.
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Con la resolución de la Corte, lo que se quiere también es una sanción a la autoridad estatal saliente, pero también, exigen un pago por daño moral.
Precisó que será la SCJN quien determine el monto de la reparación del daño.
Los 30 días que estuvo intervenida la policía de Tlaquepaque, la Fiscalía del Estado estuvo a cargo de la seguridad. Al momento del desarme, sólo un policía se ausentó.
“El policía no tuvo ninguna acusación y no se le siguió ningún proceso, por lo que se demuestra que la Policía de Tlaquepaque está limpia y se cometió una injusticia”, sostuvo.
En entrevista, dijo que de la nueva administración esperan una coordinación permanente. Denunció que el gobierno estatal saliente “en algunos casos” los dejó solos.
Tampoco hubo coordinación; ésta “no fue eficiente”, subrayó.
Anunció que buscará que se coloque el número de cámaras de video vigilancia que le prometió el anterior gobierno.
“Fue uno de los acuerdos o compromisos que se tuvo en esta administración que terminó y no se concluyeron, vamos a trabajar para pedirle al gobernador que atienda este tema de las cámaras”, concluyó.
GPE