El Gobierno del Estado de Jalisco ya enfrenta varias demandas por la extinción de 10 Organismos Públicos Descentralizados (OPD) en los primeros tres meses de la administración, confirmó el secretario del Trabajo y Previsión Social Marco Valerio Pérez Gollaz.
El funcionario no dio número de recursos interpuestos por ex empleados estatales, que alegan que no fueron liquidados conforme a derecho. Más que “las formas” en las que se dieron de baja, son las cantidades, subrayó.
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“Son un número importante de demandas. Unas colectivas, otras individuales, pero insisto: vamos a tratar de desahogar en el tema de la conciliación”, manifestó.
Primordialmente “cantidades, más que las formas en cuanto a lo que reciben. Se les dio poco a consideración de ellos”, dijo.
Recordó que los procesos de liquidación en cada uno OPD es distinto, ya que se realizan conforme a Ley que los creó.
Ahora, agregó, el procedimiento es iniciar con el tema de conciliación y “estoy seguro que ahí vamos a resolverlo y agotarlo. En caso de no existir así, estaremos avanzando apegado totalmente a justicia”, prometió.
DESVÍO Y SIN RECIBIR OBRA
El secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, Marco Valerio Pérez Gollaz, reveló que ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por el desvío de 5 millones 800 mil pesos durante el ejercicio fiscal del 2018.
Además, reveló que aún no recibe el nuevo edificio de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que desconoce a quien se le podría responsabilizar por los trabajos mal hechos.
Incluso, reveló que trabajadores de esa obra han demando al Estado. Las empresas “fueron subcontratadas, no les pagaron y vamos hacer valer nuestras circunstancias jurídicas, pero eso nos da para entender la poca eficiencia que se daba en el seguimiento de las obras”.
En cuanto al desvío, Pérez Gollaz explicó que ese recurso se debió aplicar en programas de Apoyo para Mujeres Trabajadoras, pero fue invertido en cuidar la imagen de los secretarios que estuvieron al frente de la dependencia.
“Ya será la Contraloría del Estado y la Fiscalía Anticorrupción la que valorara el desvío”, dijo.
Aseveró que el 80 por ciento de los casi 6 millones de pesos fue destinado al tema de comunicación social.
“Funcionarios de la pasada administración utilizaban más la secretaría para esquema personal, que para generar un tema de política real en el tema del trabajo y generar empleos mejor pagados y por supuesto de incorporar en esta dinámica a la mujer a las actividades oficiales”, indicó.
Pérez Gollaz informó que solicitó a la Contraloría del Estado realizar una auditoría a cada partida presupuestal de la Secretaría del Trabajo.
MC