La pandemia y el confinamiento mostraron grandes desafíos para la sociedad. En México, se demostró que la alfabetización digital no ha avanzado rápidamente y esto genera riesgos en el uso de plataformas como Facebook, Whatsapp, Instagram, YouTube y más, en particular para las niñas y niños del país.
“Creo que es importante no perder de vista que los grupos criminales, en general, de cualquier tipo, desde el crimen organizado hasta cualquier usuario que decide cruzar la frontera para cometer un delito, tienen un gran nivel de protección ante el analfabetismo digital, no solo de la ciudadanía sino de la propias instituciones del estado”, comentó Juan Martín Pérez, coordinador para América Latina y el Caribe de Tejiendo Redes Infancia.
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Facebook, en colaboración con el Consejo Ciudadano, Tejiendo Redes Infancia y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), anunció este mes la campaña Denúncialo. No lo compartas, que busca sensibilizar a las personas que compartir material con contenido de explotación sexual infantil, aun por motivos de denuncia o condena, puede causar mayor daño a las víctimas además de que es ilegal.
María Cristina Capelo, líder del área de seguridad y bienestar para usuarios de Facebook en América Latina, afirmó que el aumento de la confianza en reportar y denunciar es hacia donde se quieren llevar los objetivos de la campaña.
“El estudio que hicimos el año pasado sobre los millones de reportes que enviamos al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) que a su vez son los reportes que llegan a las autoridades a nivel global, encontramos que más del 90% son contenidos que se están compartiendo por segunda, tercera, cuarta, quinta vez.
"Es decir, que están re victimizando a estos menores. Queremos bajar esta cifra lo más posible a través de la alfabetización digital; hacerle saber a las personas que la forma más efectiva de denuncia no es compartir el contenido sino reportarlo usando las herramientas de la plataforma, como los tres puntos que se encuentran en cada publicación. Nuestro objetivo es eficientar el proceso y evitar al máximo perjudicar a las víctimas, orientando a las personas a hacer reportes a través de los canales adecuados para que organizaciones y expertos puedan actuar más rápida y eficazmente sobre este contenido”, informó Capelo.
No es un tema de control, sino de protección. “Es aquí donde las obligaciones que tienen los estados es reforzar las legislaciones. Necesitamos generar conciencia entre la población, para que las personas sepan que las acciones en la esfera digital tienen un correlativo con la vida cotidiana y podrían significar un delito”, agregó Juan Martín Pérez.
De acuerdo a un reporte de la Unicef del 2020, en México, 50 por ciento de las niñas y niños entre 6 y 11 años son usuarios de internet o de una computadora y en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, entre el 80 y 94% usan internet o una computadora. De estos usuarios, el 25% de las y los adolescentes de entre 12 y 17 años ha vivido alguna forma de ciberacoso en nuestro país.
Al año hay 400 mil reportes donde hay un tema de explotación infantil a través de redes sociales en México, reconoce Salvador Guerrero, consejero presidente del Consejo Ciudadano de Ciudad de México.
“Hay una gran cantidad de situaciones que no se llega a judicializar y mucho menos llega al momento de una sentencia que cause estado. Yo diría que menos del 2 o 3% de ese volumen gigantesco llega a ese proceso judicial. Ahí se requiere el apoyo ciudadano, la confianza institucional y la coordinación con otros organismos de la sociedad civil. Tampoco hay que espantarse de los números. La idea es que sí, tengamos conocimiento de los reportes y que aumenten las carpetas de investigación. Eso es clave”, agregó Guerrero.
Para Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), México cuenta con un sólido andamiaje legal, sin embargo, aún no termina de representar un cambio en las conductas y en la realidad de las personas.
“Sí ubicamos que hay un diferencial entre la aplicación de la legislación y el cómo las personas están moviéndose en las redes y cómo se está moviendo la conversación pública”, afirmó.
No se trata de llegar sólo de llegar con información a más gente, sino de dotar a la sociedad de herramientas para saber que hacer cuando observan un contenido de abuso infantil en plataformas digitales.
“Iniciativas como ésta, en donde se hacen mapeos de actores diversos que en colaboración de distintos ámbitos en los que estamos no solo puedan llegar a más gente sino construir una forma crítica pero también innovadora de plantear los problemas”, afirmó Tania Ramírez.
Por su parte, Juan Martín Pérez agregó que estamos en un tránsito de paradigmas. “Antes, el mundo adulto estaba asociado con el que tenía la información. Ahora es al revés. Niños y niñas tienen mucha más información que el mundo adulto a través de dispositivos móviles”.
Coincide Salvador Guerrero, quien afirma que es fundamental “el acompañamiento de las familias, cualquiera que sea el modelo de familias, fortalecer el estado de derecho que supone reportar, denunciar y tener conexiones entre las redes sociales, nosotros, ustedes (medios) y que no haya impunidad y desmantelar los temas de desconfianza con relación a las instituciones”.
nerc