Las 71 familias afectadas por los desalojos forzados ocurridos el 27 de abril de 2022 en la Floresta del Colli en Zapopan, a un año exigen justicia y compromiso por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para brindar soluciones justas y dignas sin vulnerar sus derechos.
Desde aquel día han vivido una situación de extrema dificultad; sin un hogar seguro y digno dónde vivir, pues la mayoría de pueblos originarios se han refugiado con parientes y otros más rentando en espacios reducidos.
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“Nunca hay representantes, en la queja de derechos humanos la respuesta de ellos fue que Conagua es el responsable, pero Conagua nunca dado la cara, nunca se ha pronunciado en el contexto de su responsabilidad y pues seguimos en lucha; gobierno del Estado también nos cerraron la puerta, nos dijeron que ellos también no tenían responsabilidad y pues así ha sido el proceso de nosotros”, dijo el representante de los afectados Jesús Arturo López Ramírez
Al ser un asunto de índole federal, desde noviembre del año pasado derivaron la queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En cuanto al Ayuntamiento de Zapopan refirieron que únicamente les brindó alimento durante 22 días y después simplemente se deslindaron del tema, al decir que la responsabilidad no era de ellos y solo se limitaban a programas sociales, pues se trataba de un tema de paracaidistas.
Carla Escoffié asesora jurídica de la comunidad de la Floresta y voluntaria de Techo, enfatizó que no existió fundamento legal por las autoridades municipales y estatales e inclusive están siendo paradigmáticos al hablar del tema de la repoblación y el derecho a la vivienda; por lo cual elevarán el caso para que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“No se les dejó ni siquiera algún tipo de documento en el cual se fundamente porque se les estaba sacando, ni absolutamente nada; además el argumento que utilizó las autoridades de Jalisco y de Zapopan fue que ellos estaban en una zona de la delta de un riachuelo seco y conforme a la legislación mexicana no pueden haber viviendas a 10 metros donde el cauce de un río, la gran mayoría de las viviendas de la zona y sobre todo las que fueron destruidas estaban a más de 10 m incluso algunas a 25 m”, señaló.
Los únicos que en su momento fueron los de la Secretaría de Bienestar para ofrecerles un apoyo; mismo que a la fecha no ha llegado, a pesar de estar en diálogo constante.
Recordaron que los hechos ocurrieron en el marco de lo que se llamó “Miramar seguro”, argumentado bajo el lema de salvaguardar a las personas por el río; cuando se trata de un riachuelo seco.
Actualmente sigue en trámite el juicio de amparo y la comunidad cuenta con ese medio de defensa; donde se exige se les permita el retorno a la zona y se les indemnice entre algunas otras medidas.
SRN