Firman convenio por derechos de personas con discapacidad

El Tec de Monterrey y Documenta A.C. firmaron hoy un convenio que busca otorgar un “facilitador” que brinde acompañamiento a las personas con discapacidades en procedimientos judiciales.

Alejandro Poiré, en representación del ITESM, y María Sirvent Bravo- Ahuja, consejera Documenta A.C., llevaron a cabo el convenio (Foto: Victoria Féli
Victoria Félix
Monterrey /

El Tecnológico de Monterrey y Documenta A.C. firmaron un convenio de colaboración este jueves, con el fin de desarrollar actividades conjuntas en los campos de la docencia, investigación y promoción de los derechos de personas con discapacidad en el sistema de justicia penal.

Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y gobierno del Tec de Monterrey, y la maestra María Sirvent Bravo- Ahuja, consejera fundadora de Documenta A.C., llevaron a cabo la firma del convenio esta mañana en el edificio CEDES.

Bravo- Ahuja presentó un diagnóstico de las lagunas legislativas que existen en Nuevo León y a nivel nacional, tal como la figura de la “interdicción” en los procesos civiles y penales, que limita la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en la toma de decisiones.

“¿Esto qué es? Que una persona con discapacidad intelectual o psico-social puede ser interdicta por un juez. Significa que nombran a un tutor el cual toma las decisiones de estas personas”, señaló.

Sin embargo, dijo, el Nuevo Sistema de Justicia Penal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la necesidad de dar acompañamiento y ajustar los procesos, de manera que se garantice la participación de las personas con discapacidad y que no se “bloquee” su toma de decisiones.

En la Ciudad de México, explicó, comenzaron con un programa piloto con el Tribunal Superior de Justicia, en el que incorporan en el proceso a un facilitador que dé acompañamiento a las personas con discapacidad.

“Esta figura de facilitador si bien sí ha sido un apoyo para las personas con discapacidad, lo que hemos descubierto después de un año y medio de proyecto, es que al final resultó también un apoyo para todos los operadores: muchas veces el juez no sabe qué es lo que establece la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad o cómo tratar a una persona en un momento de crisis, el Ministerio Público tampoco.

“Es este proyecto de esta figura del facilitador el que estamos impulsando aquí en la ciudad de Monterrey”, dijo.

Por su parte, el Tec brindará un diplomado de 120 horas sobre la perspectiva de discapacidad y el acceso a la justicia, dirigido por docentes de la institución y personal de las instituciones de judiciales.

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