Ante la renuncia abrupta del Fiscal General de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, se debe retomar lo que se propuso en su momento en el gobierno de Aristóteles Sandoval, en relación a una Fiscalía autónoma que verdaderamente de resultados con los principios que se establecen en la Ley Orgánica, es decir con honestidad, prontitud, respeto a los derechos humanos y sobre todo parcialidad en las resoluciones, puntualizó Rogelio Barba Álvarez, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
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“Desde el punto de vista constitucional una independencia, autonomía financiera, para que pueda ejercer verdaderamente lo que establece el artículo 21 constitucional, si no pues va a seguir estando sujeto a las decisiones del gobernador; el gobernador ayer mandó una terna en la cual, pues propone al fiscal ejecutivo como fiscal general, entonces las cosas van a continuar así”, aseguró.
Reiteró que esto evidencia que se tiene una Fiscalía a modo del mandatario estatal para que no se escuchen las malas noticias a nivel nacional por sus preferencias políticas y aspiraciones, pero la seguridad pública no debe ser un botín, sino una preocupación.
“Creo que eso no es una preocupación de la fiscalía porque como lo hemos visto en el trabajo deprimente que hizo el fiscal Solís pues no atiende a las necesidades sociales que requiere pues Jalisco, si se tiene que profesionalizar a los investigadores de la policía, a los ministerios públicos y tratarlos con salarios generosos que tengan que ver con evitar la corrupción imperante, imponente, rapaz, que se vive en la fiscalía desde hace muchísimos años y que el gobernador sabe de todo esto pero poco se ha hecho”, detalló.
Aseguró que esta renuncia demuestra una debilidad del crimen y no se puede esperar nada de la Fiscalía, porque no se ha podido resolver la criminalidad emergente o los núcleos básicos de las organizaciones criminales, cómo el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que se encuentran en Puerto Vallarta, en la sierra de Jalisco, en la frontera con Zacatecas y en Michoacán.
Concluyó en qué el trabajo del Fiscal General es de consensos a nivel federal, a nivel municipal y a nivel estatal cada vez que se combate delincuencia organizada y delincuencia común, además de tener una buena relación con el poder judicial para disminuir la cifra negra en Jalisco que está por arriba del 90 por ciento, pero se carece de una política pública que pueda revertir estos números negativos que tiene la Fiscalía.
MC