Fiscalía General de la República atrae caso estudiantes del CAAV

El caso de Javier Salomón Aceves, Marco Ávalos, Daniel Díaz y César Ulises Arellano estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV), desaparecidos el pasado mes de marzo de 2018 en el municipio de Tonalá y declarados muertos por la entonces Fiscalía General del Estado en abril del mismo año, no está cerrado, sino que será atraído por la Fiscalía General de la República, informó la Fiscalía del Estado a través de un comunicado.

Según lo dio a conocer la dependencia, la FG ha atendido los requerimientos hechos el Comité contra de la Desaparición Forzada de la ONU, así como “todas las medidas necesarias para garantizar la plena imparcialidad e independencia de los procesos de búsqueda e investigación del caso de los estudiantes”, y han detectado inconsistencias en las investigaciones, las cuales ya han dado a conocer con anterioridad.

Ante lo anterior, la instancia consideró adecuada la intervención de las autoridades federales, con las cuales asegura que han mantenido comunicación de manera directa y fluida. “El Gobierno de Jalisco, en coincidencia con la ONU sobre la necesidad de fortalecer la imparcialidad de la investigación, celebra la voluntad y disposición del Gobierno Federal de atraer el caso y reafirma el compromiso de colaboración en todo lo que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos”.

Las indagatorias complementarias que ha desarrollado la Fiscalía del Estado ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Investigación Forzada, misma que “desde el día 28 de diciembre de 2018, ha ejercido la facultad de atracción del caso, en función también del requerimiento hecho por la ONU y la solicitud de los propios padres de las víctimas”.

Un caso como el señalado y lo que hasta ahora se ha determinado como un inadecuado y “mal llevado” proceso de investigación, no deberá repetirse en la entidad, especifica el comunicado, en el que se manifiesta que el gobierno de Jalisco considera que el tema fue “tratado con urgencia por criterios políticos y mediáticos”, lo que ha impedido “llegar a la verdad y se haga justicia a las víctimas y a sus familias”, además de que prometen rigor en las investigaciones para evitar que estas se sumerjan en la corrupción e impunidad.