La resolución emitida por el gobierno de Nuevo León de “facilidades administrativas” que exonera de pagar el impuesto verde a las pedreras es inconstitucional por falta de equidad jurídica tributaria, consideró el abogado fiscalista Bernardo Elizondo, socio del despacho Adame-Elizondo.
Dicha resolución establece la exención o reducción del pago del impuesto verde aprobado en diciembre de 2021 para castigar aquellas empresas que contaminan.
Las “facilidades administrativas” pretenden exentar a las empresas que cuenten con toda la cadena de suministro o auto abasto, y es básicamente las grandes empresas como Cemex y Vitro, entre otras.
“Favorecieron a los más grandes con esta medida y los chicos se quedaron viendo y exclamando: ¿Y mi igualdad tributaria? Esta resolución solo beneficiará a unos y a los otros se les exigirá. Se entiende la molestia que hay en la industria de la construcción, porque el impuesto es alto y eso ya está detonando una escalada importante en los precios de los materiales de la construcción”.
Elizondo comentó que esto establece una desigualdad en la ley, porque qué pasará con el resto de las empresas que no estén en la categoría de auto abasto que ellas sí tendrán que pagarlo, lo que asienta una desigualdad tributaria, insistió el especialista.
Elizondo consideró que el gobierno de Samuel García Sepúlveda tiene la intención de “parar la espiral inflacionaria que se ha desatado con más incrementos en los precios de los materiales para la construcción”, que al final de cuentas impactarán en el precio de la vivienda.
Este impuesto verde tiene como afectación indirecta a la industria de la construcción de vivienda y edificios, porque ya están resintiendo las alzas en los precios de los materiales para la construcción de 30 o 40 por ciento en las primeras semanas de enero y viene otro 30 por ciento en las próximas.
Ante este panorama se buscó a la dirigencia de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) para conocer su opinión, y contestó que por el momento no emitiría postura sobre este tema.
De igual manera, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic), fue consultada y dijeron que revisarían el tema.
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