La Dirección de Desarrollo Institucional ha separado de su cargo a seis ex servidores públicos que han sido señalados como presuntos responsables del desvió de más de 8 millones de pesos de las arcas municipales mediante la alteración de cuentas prediales, de los cuales tres han presentado una inconformidad por despido injustificado, así lo informó el titular de la dependencia José Alberto Martínez Aguayo.
Los ex funcionarios laboraban en la Dirección de Impuestos Inmobiliarios, área dependiente de la Tesorería y presentaron su queja ante el Tribunal de Justicia Administrativa instancia que se encargará de llevar el proceso legal y que la notificación de cada uno de los casos se ha recibido por separado.
“Son seis personas a las que se les ha rescindido la relación laboral concretamente, de esas seis personas, al día de ayer había tres personas que haciendo uso de su derecho habían estado inconformes como la finalización de la relación laboral, su derecho lo harán valer en el tribunal respectivo y bueno ya van iniciando esos procesos porque (los ex servidores) sienten que sus derechos han sido violados”.
“Los seis han sido bajas en diferentes momentos, de estos tres no han notificado, por eso solamente tenemos tres con esas características (que reclamaron una inconformidad)”, dijo el director de Desarrollo Institucional
Martínez Aguayo detalló que los procesos iniciados hasta el momento solamente son por inconformidad, por lo que no se ha concedido ningún amparo y que el municipio está en el proceso de cálculo para otorgarles su liquidación, ya que a pesar de las circunstancias que motivan la baja de los ex funcionarios legalmente se les debe entregar la prestación laboral.
Inicialmente la Contraloría Municipal había señalado a dos ex funcionarios, sin embargo las investigaciones han arrojado a cuatro nuevos responsables, algunos de ellos señalados directamente por denuncias de los titulares de las cuentas de las más de mil cuentas de predial alteradas.
El Tesorero Municipal, Enrique Sosa Campos señaló que los ex empleados fueron despedidos debido a que se tiene la evidencia correspondiente para acreditar su participación y que se tenía un plazo de 30 días para realizar la rescisión laboral o de lo contrario la presunta responsabilidad de los ex funcionarios en el desvió de recursos dejaría de ser un motivo para su baja.
“De esos nuevos hallazgos surge que los ciudadanos señalan a otro funcionario participando de alguna forma que pudo causar este menoscabo de las finanzas públicas y en ese sentido cuando nos enteramos de esa vinculación, la ley laboral nos obliga a que tenemos que despedirlos o sino esa ya no sería causa para despedir a la persona”, Sosa Campos.
Aunque la Contraloría colabora con las investigaciones, será la Fiscalía General del Estado será la institución encargada de comprobar la responsabilidad de cada uno de los involucrados y también de los titulares de las cuentas de Predial, ya que si se acredita que los últimos tenían conocimiento de las alteraciones, también serán sancionados.