“La primera reacción fue de temor, yo recuerdo que también pensé que no quería ser desaparecido”, así rememora una de las personas que hace tres años vivió la represión de agentes de la Fiscalía del Estado durante la manifestación por la detención y asesinato de Giovanni López, a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos.
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El 4 de junio de 2020, un mes después de que el joven muriera por los golpes propinados por oficiales municipales, cientos de jóvenes protestaron por el abuso policial en calles del Centro Histórico de Guadalajara. La respuesta de las autoridades, fue aprehenderlos, golpearlos, torturarlos y desaparecerlos durante horas. A tres años de lo ocurrido, las personas sobrevivientes siguen esperando justicia.
“Esto sí estaba planeado, no se bloquean diez calles sin planearse y menos en una zona industrial, y la respuesta del gobierno, después de mesas de trabajo, pero al final solo eran diálogos que no llevaban a ningún acuerdo, sí se señaló a una persona o a dos, pero al final de cuentas, pues no hubo una garantía de justicia”, expresó bajo condición de anonimato el integrante de Colectivo Solidario.
La manifestación fue convocada para ese día, frente a Palacio de Gobierno, para mostrar su indignación por el homicidio del joven de 30 años, presuntamente detenido por los uniformados debido a que no portaba cubrebocas, en los primeros días de la pandemia de covid-19. Esa tarde, autoridades estatales reprimieron la movilización y detuvieron a 28 personas de manera arbitraria.
Como respuesta, un día después, la ciudadanía se unió en otra protesta para exigir la liberación de los aprehendidos, pero la represión escaló. “Yo iba con unos amigos y me tocó justamente, en pleno 8 de Julio, una camioneta blanca pick up con personas con pasamontañas, chalecos antibalas, que detuvo el tráfico, detuvo un autobús y agarraron a las personas del autobús y las agarraron a la fuerza, hubo mucho temor”, compartió.
Personas vestidas de civiles detenían a cualquier joven y amedrentaban a los manifestantes. Durante su cautiverio, algunas personas que dieron a conocer su testimonio señalaron que recibieron descargas eléctricas y los agentes les infundieron terror: “Nadie sabe que están aquí”; “Los vamos a desaparecer, cabrones”; “Los vamos a entregar al cártel”.
La difusión en redes sociales de lo sucedido aquel 5 de junio ayudó a que las personas fueran liberadas, pero abandonadas en distintos puntos de las afueras de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En ese entonces, el fiscal era Gerardo Octavio Solís Gómez, quien aseguró que los agentes “actuaron sin el mando y la conducción del Ministerio Público”, y reconoció que hubo violaciones en normas de procedimientos internos para cualquier detención.
La Fiscalía señaló a dos mandos operativos por el hecho. En total, 11 agentes fueron imputados por abuso de autoridad, solamente a cuatro se les vinculó a proceso, tres de ellos pagaron una fianza de 28 mil 750 pesos y otro recibió una condena de tres meses en la cárcel. No se les impuso el delito de desaparición forzada, como señalaron la ONU y las Comisiones de Derechos Humanos.
La reparación de daños fue únicamente para 16 víctimas reconocidas, aunque según los testimonios se habla de que fueron hasta 80 personas privadas de la libertad.
“Estuve a punto de que me levantaran, no sabes, todavía veo alguna camioneta blanca y es un temor, en búsquedas en campo de personas desaparecidas donde acompaño a la Fiscalía es una desconfianza, porque otra de las cosas que nos dimos cuenta es que es el modus operandi de cómo levantaban a las personas y es exactamente el modo del crimen organizado en cómo levantan a las personas”, narró el integrante del Colectivo Solidario.
El fiscal nunca rindió cuentas por el hecho, y el 1 de febrero de 2022 dejó el cargo, “renunció por motivos de salud y no por lo sucedido el 5 de junio, y vemos que ahora ya es algo sistemático del gobierno, en cada marcha de personas desaparecidas todo quieren disminuirlo, vas y les ofreces mesas de diálogo a los padres y eso es dilatar, hacer que están trabajando y no hacer nada”.
El gobernador Enrique Alfaro Ramírez ofreció justicia, y aunque afirma que cumplió su promesa, sobrevivientes del llamado halconazo tapatío consideran que no se investigó a todos los responsables y no hubo transparencia en el proceso.
Tras el hecho, se dio a conocer que el caso sería atraído por la Fiscalía General de la República (FGR), pero declinó competencia, de acuerdo con un integrante del colectivo 5 de Junio Memoria.
“Después de revisar toda la carpeta y de sumar más testimonios y más denuncias, declina competencia, enviando a Jalisco nuevamente la carpeta, lo cual evidentemente pone en riesgo a las personas que habían sumado sus denuncias confiando en que la instancia federal sería más imparcial”, lamentó.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación en la que reconocía los delitos de privación de la libertad y abuso de autoridad, pero no desaparición forzada y tortura, “estos dos crímenes son de lesa humanidad, no prescriben y realmente la gravedad de estos hechos ameritaba no solo el reconocimiento de la CNDH, sino que el Gobierno de Jalisco actuara en consecuencia a partir de la recomendación y al día de hoy ni siquiera ha habido una postura pública”, dijo.
En estos tres años, de acuerdo con la activista, las autoridades continúan criminalizando la protesta y no se ha reconocido ni actuado conforme a actos de desaparición forzada y torturas. Para el colectivo 5 de Junio Memoria, el inicio del camino a la justicia sería que el Estado reconociera públicamente los actos de desaparición y tortura, así como garantizar la impartición de justicia y reparación de daño a todas las víctimas. Mientras que el colectivo Solidario recalcó que, si no se visibiliza la crisis de desaparecidos y de abuso de autoridad que se vive en Jalisco no se podrá avanzar en el tema, pues considera que de no haberse hecho viral la represión de junio de 2020, los jóvenes no hubieran regresado a casa.
A tres años, la represión no se olvida, y hoy, a las 15:30 horas, en la Plaza Imelda Virgen se llevará a cabo una protesta pacífica “para recordar y seguir exigiendo justicia y seguir exigiendo que se sepa la verdad de todo lo que pasó, quiénes fueron los implicados, quiénes fueron los mandos”, señaló el colectivo Solidario.
Este año, invitan a colectivos de familiares de personas desaparecidas y sobrevivientes de desaparición forzada a sumarse a la manifestación, para también levantar la voz por las más de 15 mil personas desaparecidas en Jalisco y pedir la reinstalación del Jardín de la Memoria, en recuerdo de los tres estudiantes del CAAV plagiados y asesinados en 2018, Javier Salomón Aceves, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Avalos, y que representa lucha, resistencia y dignidad.
MC