Pese a haber sido la bandera del gobernador Samuel García y su principal impulsor durante casi dos años, ahora el caso Tesla enmudeció a los funcionarios del Gobierno de Nuevo León.
Cuatro dependencias y secretarías del Gobierno emecista guardaron silencio y prefirieron callar ante la denuncia de presunto despojo de predios del rancho El Carvajal, donde se pretende establecer la Gigafactory.
La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, que encabeza Carlos Garza Ibarra; la de Economía, con Emmanuel Loo al frente; Josemaría Urrutia García, director del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León, y Julieta López, directora de Comunicación Social estatal, optaron por omitir su opinión o posicionamiento ante el caso.
Este lunes, la plataforma MILENIO-Multimedios reveló que una parte de los terrenos que en 2023 fueron vendidos a Tesla para la instalación de la planta en Nuevo León se encuentra bajo disputa legal, pues una ciudadana originaria de Monterrey, con residencia en McAllen, asegura que parte de esos predios le fueron despojados a su familia de forma ilegal.
Si bien es cierto es una operación de compraventa entre particulares, el mandatario estatal aprovechó cuanto evento público había desde finales del 2022 hasta el 2024 para difundir y promocionar el establecimiento de la armadora; incluso se dejó ver en una Cybertruck de Tesla que después pintó de naranja en vísperas de su precampaña presidencial.
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