Greenpeace México gana amparo contra el gobierno del Edomex por la contaminación

La Secretaría del Medio Ambiente deberá modificar parámetros de contaminantes en el aire, de lo contrario habrá sanciones.

De no hacerlo pueden tener una multa. | Tania Contreras
Mario C. Rodríguez
Toluca /

La organización Greenpeace México ganó un amparo en contra del gobierno del Estado de México por los niveles de contaminantes que consideran para el activar las contingencias medioambientales, por lo que deberán de ajustar la normatividad. 

La agrupación aseveró que en caso de que no actualicen la norma podría ordenarse la destitución del titular de la dependencia respectiva. A través de un desplegado, el coordinador de Ciudades Sustentables en Greenpeace México, Carlos Samayoa, precisó que el gobierno mexiquense no ha cumplido con la modificación de sus parámetros, luego de que interpusieran el recurso ante un juez federal.

“Las autoridades del Estado de México no han demostrado avance respecto al cumplimiento de la sentencia, que les obligó a hacer más estrictos los límites de contaminantes en el aire que están dañando la salud de miles de personas en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco”.

El hecho data de 2020 cuando la agrupación formuló ante un juez la petición de un programa que regulara de manera adecuada la atención de contingencias ambientales atmosféricas en la zona metropolitana del Valle de Toluca y en la zona metropolitana de Santiago Tianguistenco, luego de que los parámetros de concentraciones de ozono y partículas PM10 y PM2.5 en el aire, considerados por la Secretaría de Medio Ambiente del estado, fueran insuficientes.

El organismo sostuvo que lo adecuado es considerar los valores que establece la NOM 025- SSA1-2014 de Salud Ambiental. Greenpeace México recibió del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito el fallo a su favor y, en consecuencia, la Secretaría del Medioambiente deberá de emitir un nuevo documento con parámetros adecuados. 

En caso de resistirse se le impondría una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y se podría separar del cargo al titular de la dependencia.

KVS


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